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Trump se va cargar la regulación bancaria Dood Frank y debería importarnos

Trump se va cargar la regulación bancaria Dood Frank y debería importarnos
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Si el algún momento alguien pensó que Trump iba a transferir el poder de Washington al pueblo, como aseguró en su investidura, me temo que estaba muy equivocado. Si algo parece fuera de dudas, tras la intensa actividad desplegada desde su aterrizaje en la Casa Blanca, es que los tradicionales lobbys de Washington están siendo las niñas de sus ojos. Desde las empresas petroleras a las constructoras, pasando por el sector sanitario.

Las últimas en sumarse a la fiesta de favores públicos han sido las grandes firmas financieras, y eso a pesar de que a lo largo de su campaña, Trump prometió a los votantes no gobernar en favor de Wall Street. Como se puede apreciar en este gráfico de la agencia Bloomberg, distribuido en Twitter por el economista José Carlos Diez, las acciones de los dos grandes bancos de inversión estadounidenses están en rally alcista desde la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Pero por si no fuera suficiente, la semana pasado tuvieron un empujón extra: la confirmación del nuevo presidente de que su equipo ya está trabajando en la desmantelación de la Ley Dood Frank.

Estamos hablando de recortar la amplísima legislación desplegada por la administración de Barack Obama para controlar los excesos de la actividad bancaria que habían originado la crisis financiera. Más de 24.000 páginas que desarrollan alrededor de 400 medidas diferentes, de las cuales todavía el 30% está sin implementar. Desde su aprobación en 2010, esta medida tiene en contra a las viejas guardias de Wall Street y a los economistas y políticos más liberales del país.

Por ello, esta noticia no debería pillar por sorpresa a nadie. Donald Trump ha criticado en diversas ocasiones esas medidas.Tengo amigos que no pueden lanzar empresas debido a que los bancos no quieren prestarles dinero a causa de las reglas y controles de la ley Dood Frank”, ha dicho el nuevo inquilino de la Casa Blanca para justificar este regalo a Wall Street.

Por otro lado, Trump ha configurado un equipo de económico con amplia representación de ex empleados de Goldman Sachs, el poderoso banco de inversión estadounidense de cuyos tentáculos hemos hablado en otras ocasiones en El Blog Salmón.

Tras casi ocho años alejados del poder, era cuestión de tiempo que tras su nuevo desembarco en los puestos clave de la política económica abordaran una reforma de un sistema regulatorio con el que nunca han estado de acuerdo. La Ley Dood Frank responde a la necesidad de evitar que vuelvan a ocurrir episodios como la caída de Lehman Brothers. Además, muchas de sus medidas están encaminadas a proteger a los pequeños inversores de los abusos de la banca.

Los grandes banqueros, en cambio, siempre la han visto como un corsé para desarrollar su negocio y recortar sus beneficios. Eso, a pesar de que por ejemplo, Goldman Sachs cerró sus cuentas de 2016 con incremento de beneficios netos del 22%.

Aunque el pasado viernes Trump no dio detalles sobre cómo iba abordar el desmantelamiento de Dood Frank existe una previsible la hoja de ruta, escrita incluso desde antes de su conquista de la Casa Blanca. La lideró el actual presidente de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara,el republicano Jeb Hensarling, donde acusaba a la reglamentación de 2010 de farragosa, compleja y excesivamente burocrática y apuntaba las reformas más urgentes que deben acometerse.

En base a ellas, podemos esperar:

Adiós a las entidades too big to fail, (demasiado grandes para caer)

Uno de los puntos más conflictivos de la Ley Dood Frank para las grandes entidades financieras ha sido la creación de un Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera ( Financial Oversight Stability Board, FSB). Como su nombre indica es el organismo encargado de supervisar el sistema financiero. Entre sus atribuciones está la de identificar a los famosos “Too big to fail”. Es decir, aquellas entidades financieras que por su volumen podrían poner en peligro al sistema financiero estadounidense, en caso de que se volviera a repetir una crisis financiera como la de 2008.

Desde 2010, el FSB ha identificado a este tipo entidades, como entidades de riesgo sistémico ( Systemically importan financial institutions o Sifis, según sus siglas anglosajonas). Normalmente, bancos o financieras con un volumen de negocio superior a los 50.000 millones de dólares. Estas han sido obligadas a incrementar las exigencias de capital, como colchón ante futuras crisis y se les ha sometido a pruebas anuales de estrés para controlar el comportamiento de sus finanzas en casos extremos. También, se les exigió la elaboración de una especie de testamento en el que tuvieron que detallar con exactitud el proceso de desmantelación del banco en caso de problemas.

Los detractores de Dood Frank llevan años criticando la medida porque aseguran que coarta la libertad de las entidades financieras para ejercer su negocio con la rentabilidad adecuada.

La intención del equipo de Trump es que el FSB no pueda identificar como Sifis a ninguna institución. En el informe de Hensarling, a cambio se incluía un incremento de un 10% en la ratio de apalancamiento permitido.Un requirimiento que, por supuesto, no gusta nada en Wall Street.

Los liberales estadounidenses tampoco veían con buenos ojos que estos grandes bancos, demasiado grandes para caer, estuvieran en la órbita de control de la Reserva Federal y que ésta estuviera habilitada para rescatarlos con dinero público, en caso de problemas. Si Trump consigue imponer sus criterios, los grandes bancos podrán tomar muchos más riesgos en sus inversiones en los mercados de capitales, pero también deberán tener en cuenta que en caso de problemas, el Estado no tiene ninguna intención de salir a su rescate.

Day 40 Occupy Wall Street October 25 2011 Shankbone 13

Recortes de cobertura para los consumidores

La Oficina Financiera del Consumidor (CFPB), creada por la Ley Dood Frank, ha resultado muy incómoda para la banca en los últimos años. Encargada de supervisar la relación entre bancos y clientes no le ha temblado el pulso en denunciar y multar aquellas prácticas poco éticas con los clientes. Han sido objetivo de su escarnio público, por ejemplo, el Banco Santander, multado con 10 millones de dólares por engañar a clientes y suscribirlos a un servicio de cobertura de descubiertos que no habían solicitado. O la más sonada y onerosa contra uno de los grandes de Wall Street Wells Fargo que fue sancionado con 185 millones de dólares por abrir hasta 2.000 cuentas falsas a nombre de sus clientes.

Aunque todavía no lo han dicho abiertamente, todo apunta a que el futuro de esta oficina tiene los días contados. Al menos, tal y como está estructurada en estos momentos.

El fin de la Regla Volcker

Tampoco parece quedarle mucho recorrido a una de las medidas estrella implantadas por Obama: La Regla Volcker. Esta prohíbe que una misma entidad pueda hacer trading con activos de clientes y al mismo tiempo con los suyos.

Obama apostó por esta medida, copiada de las implantadas tras la crisis de 1929, para obligar a que los gestores de carteras invirtieran pensando en el beneficio de sus clientes y no en el suyo propio. Para ello, la regla Volcker no permite que los bancos invirtieran en operaciones de riesgo con su propio dinero. Una práctica habitual en los años de la burbuja financiera y, como luego se ha demostrado, base de muchos de los excesos cometidos.

Sin esta regla vigente, el camino queda despejado para que se repitan casos como el protagonizado por el financiero John Paulson, que incitaba a los bancos a crear productos estructurados con hipotecas suprime al mismo tiempo que apostaba por la caída de su valor en los mercados.

Flexibilizar el control sobre los mercados de derivados OTC

Como consecuencia de la Ley Dock Frank, a partir de 2013 también se incrementó la regulación sobre los borkers intermediarios de operaciones fuera de mercado, lo que en jerga financiera se conoce como OTC, de cuya supervisión se ha encargado la Commodity Futures Trading Comission (CTFC). Entre los nuevos requisitos que impuso Dood Frank a este sector están la obligación de liquidar las operaciones a través de una cámara de compensación. Exigencias de colaterales como garantía en las operaciones o la necesidad de designa un director de cumplimiento para supervisar el cumplimiento de la legislación en cada entidad.

Si Trump atiende a las demandas de los grandes bancos es probable que también se liberalicen estas restricciones.

Solo reglas rentables

Finalmente, el documento de Jeb Hersaling mostraba su disconformidad con los rescates realizados por el Estado americano y el coste para los contribuyentes. Curiosamente, esta es una de las pocas cosas en la que coinciden las demandas del sector financiero con las expresadas por los anticapitalistas de Ocuppy Wall Street.

Para evitar que los contribuyentes tengan que asumir los excesos de los bancos privados o de decisiones políticas determinadas, Hersaling propone implantar la obligación de que cada nuevo reglamento financiero que se presente deba ser sometido a una prueba de costes y beneficios antes de su implantación.

El, pequeño o gran escollo, de aprobarlo en el Senado

Pero todo esto solo puede ser posible si el equipo de Trump es capaz de superar un importante escollo: su aprobación por el Senado estadounidense. Para ello necesita recabar 60 votos, pero solo cuenta con la seguridad de los 52 que suman los representantes republicanos con los que cuenta la cámara.

El futuro del sistema financiero está ahora pendiente de las artes negociadoras de Trump y su equipo de ex Goldman. Porque, que nadie lo dude, si Trump consigue liberalizar Dood Frank va a ser muy difícil que el resto del mundo y Europa en particular pueda seguir aplicando las restricciones que ahora dictan desde Basilea o Frankfurt.

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