Redacción El Blog Salmón
EditorLa picaresca laboral tiene un límite, y suele encontrarse en la ventanilla de la Administración. Un camarero de Getxo (Bizkaia) se ha quedado sin el ansiado pago único del paro tras intentar camuflar el traspaso del bar donde trabajaba con un despido disciplinario. La jugada, que parecía redonda sobre el papel, ha sido frenada en seco según recoge la información inicial de El Correo y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Y es que, como pasa casi siempre con los fondos públicos, la lupa del supervisor rara vez pasa por alto un rastro de papel tan evidente.
La secuencia de los hechos, de acuerdo con la resolución judicial, no deja lugar a dudas. El empleado trabajaba en el negocio con un contrato indefinido a tiempo parcial desde mayo de 2018. El 30 de septiembre de 2024, su jefe le entregó una carta de cese alegando supuestas faltas "muy graves" (retrasos y salidas anticipadas). Con 660 días de prestación contributiva reconocidos en la mano, el trabajador acudió al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el 25 de octubre para solicitar la capitalización del paro (el cobro anticipado de toda o parte de la prestación para poner en marcha un negocio, en la jerga). ¿El problema? La memoria del proyecto incluía un contrato de arrendamiento del mismo local, fechado exactamente el día de su despido.
Ante el doble rechazo del organismo estatal, que denegó los fondos al advertir que la actividad que pretendía emprender era la misma y en el mismo establecimiento, el trabajador acudió a los tribunales. Sin embargo, la Sala de lo Social del TSJPV ha sido tajante. Tras señalar el "deficiente planteamiento" del recurso, el tribunal entra al fondo "en aras a la tutela judicial efectiva" y sentencia de forma demoledora: "Se demuestra que el despido necesariamente se acordó, pues en la misma fecha firma con el titular del local el contrato de arrendamiento para la explotación del negocio, evidenciándose la continuidad material y económica de la actividad". Todo ello, concluyen los magistrados, constata una maniobra artificiosa para obtener la prestación en su modalidad de pago único.
El pago único o capitalización es una de las herramientas estrella para financiar a nuevos autónomos, pero tiene líneas rojas muy estrictas. Según la normativa del SEPE, su objetivo es facilitar el inicio de una actividad por cuenta propia o la incorporación a una cooperativa o sociedad laboral. Entre sus restricciones, el organismo contempla que no pueden beneficiarse de esta modalidad quienes se constituyan como autónomos económicamente dependientes (TRADE) y firmen un contrato con la empresa para la que trabajaban inmediatamente antes de quedar en situación legal de desempleo, o con otra de su mismo grupo empresarial. En este caso, la documentación aportada por el propio camarero, incluido el cambio de titularidad municipal del establecimiento, contribuyó a acreditar la continuidad material del negocio.
Jugar a la ruleta con un despido simulado pone en jaque tanto al empleado como a la empresa. De acuerdo con los artículos 23 y 26 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), la connivencia empresarial para obtener prestaciones indebidas y la actuación fraudulenta del trabajador están tipificadas como infracciones muy graves. El resultado normativo es sangrante: el trabajador puede verse obligado a devolver las prestaciones indebidamente percibidas, mientras que el empresario se enfrenta a multas que oscilan entre los 7.501 y los 225.018 euros. Además, el fraude puede llegar a tener consecuencias penales si concurren los requisitos del artículo 307 ter del Código Penal. Cuando el importe defraudado supera los 50.000 euros, se contempla un agravamiento de las penas.
En este caso, el portazo judicial deja al protagonista sin la posibilidad de obtener el dinero por adelantado para hacerse con el negocio. Al considerar que existió una situación de desempleo voluntario derivada de un despido pactado, el trabajador pierde el acceso a la capitalización que había solicitado. Eso sí, conviene distinguir entre el pago único y el derecho a cobrar el paro: la resolución confirma la denegación de la capitalización, pero no permite afirmar que haya perdido automáticamente los 660 días de prestación contributiva que inicialmente tenía reconocidos. Un auténtico jarro de agua fría para un plan que creían perfecto.
Imagen | Generada con IA
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