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El Gobierno concede 733 euros de Ingreso Mínimo Vital a quienes comparten piso, pero deben cumplir ciertos requisitos

La Administración exige acreditar que no existen lazos familiares entre los inquilinos para poder acceder a la prestación

El Gobierno concede 733 euros de Ingreso Mínimo Vital a quienes comparten piso, pero deben cumplir ciertos requisitos
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Redacción El Blog Salmón

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Muchos inquilinos que se ven obligados a alquilar una simple habitación a desconocidos asumen que están fuera del radar del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Eso es porque la Administración tiene en cuenta si quienes conviven bajo un mismo techo forman una unidad de convivencia a efectos de esta prestación. Pero la realidad es otra muy distinta, como recoge El Economista. Vivir en una habitación alquilada no impide cobrar la prestación. De acuerdo con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, las personas que cumplen los requisitos legales pueden constituir una unidad independiente. La clave la da la propia normativa: “Cuando convivan en el mismo domicilio personas entre las que no concurran los vínculos previstos, podrán ser titulares del ingreso mínimo vital aquella o aquellas que se encuentren en riesgo de exclusión”, explica textualmente el artículo 9 de la Ley 19/2021.

Sin embargo, acreditar ante la Seguridad Social esa independencia no resulta fácil. Para que el organismo público no dé por sentado que tú y tus compañeros de piso compartís algo más que los gastos de luz y el pasillo, el solicitante debe demostrar que no existen vínculos familiares entre los convivientes y que se encuentra en situación de riesgo de exclusión social. Esta circunstancia debe acreditarse mediante los servicios sociales o una entidad habilitada. Además, el contrato de alquiler de la habitación puede servir para demostrar el uso individualizado de ese espacio, junto con el certificado de empadronamiento y el resto de documentación exigible. Por tanto, no basta con compartir piso y figurar en el padrón: también hay que demostrar que se cumplen las condiciones legales para acceder a la prestación.

Los requisitos y los 733 euros mensuales del Ingreso Mínimo Vital

Una vez superado el filtro de los requisitos, los números son los que mandan. Para este 2026, la renta garantizada para un beneficiario individual (unidad unipersonal, en la jerga) se ha situado en 733,60 euros mensuales, lo que equivale a un nada despreciable colchón de 8.803,20 euros al año, según la información oficial de la Seguridad Social. Eso sí, esta cantidad no es necesariamente lo que recibirá cada solicitante, ya que el IMV se calcula teniendo en cuenta sus ingresos y otras circunstancias. Pero cuidado, porque el INSS no solo escudriña minuciosamente lo que ganas, sino también lo que tienes. La gran barrera oculta en la que caen muchos es el límite de patrimonio neto, que este año está fijado en 26.409,60 euros para una persona sola, excluyendo siempre el valor de la vivienda habitual. Como adelantó El Blog Salmón el pasado mes de mayo, cualquier incremento patrimonial sobrevenido, como recibir de golpe una modesta herencia, puede alterar el cumplimiento de los requisitos económicos y provocar la pérdida de la prestación, además de la obligación de devolver las cantidades indebidamente percibidas cuando corresponda.

Por su parte, el frente puramente laboral ha experimentado un cambio importante que beneficia directamente a los perceptores del IMV. Históricamente, uno de los grandes miedos de quienes recibían esta ayuda era aceptar un trabajo de media jornada y perder parte de la prestación por superar los límites de rentas. Pero el tablero ha cambiado gracias al Real Decreto 240/2026, que introduce un nuevo sistema de rentas exentas. Así, si un beneficiario del ingreso mínimo encuentra un empleo y aumenta sus ingresos laborales, los primeros 6.000 euros de incremento anual quedan exentos al 100 % en el cálculo de la prestación. Si el incremento supera esa cantidad, también se aplica una exención del 50 % sobre el importe restante, con porcentajes específicos para determinadas unidades de convivencia. Dicho de otro modo: una nómina y la prestación social pueden convivir sin que cualquier ingreso laboral implique automáticamente perder el IMV. El incentivo se aplica conforme a las reglas de cálculo y revisión anual establecidas por la normativa.

El mecanismo permite, por fin, que intentar salir del hoyo económico trabajando un par de meses no penalice automáticamente la cuenta corriente. La Administración mantiene los requisitos iniciales de residencia, parentesco y vulnerabilidad, pero deja una bombona de oxígeno para la inserción sociolaboral. Quien alquila una habitación hoy ya no tiene por qué verse forzado a elegir entre aceptar un contrato precario y mantener su subsidio intacto. La compatibilidad dependerá de sus ingresos y de las circunstancias particulares de cada beneficiario, pero el nuevo incentivo al empleo permite que trabajar no suponga necesariamente renunciar a esta ayuda.

Imagen | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

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