Sergio Delgado
Noviembre dulce en lo que respecta a promesas electorales de todos los partidos políticos en terna respecto a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Esta vez, ha sido la ministra de trabajo Yolanda Díaz la que ha tirado de una posible subida del SMI, eso sí, antes de ir a votar y que los ciudadanos elijan la susodicha papeleta.
Díaz quiere elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2027 un 5,3%, frente al 4,9% aconsejado por su propia comisión asesora. Se trata de una diferencia de apenas cinco euros mensuales pero que, sin embargo, en campaña electoral no pasa absolutamente nada desapercibido.
El departamento de Trabajo ha sometido a audiencia pública un proyecto de real decreto que plantea elevar el SMI hasta los 1.286 euros mensuales en 14 pagas. La cifra supera, por tanto, los 1.281 euros propuestos por expertos.
Trabajo propone una subida superior a la recomendada por sus expertos
La Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional planteó incrementar el SMI un 4,9% en 2027. Aplicado a los actuales 1.221 euros mensuales, supondría una mejora de aproximadamente 60 euros por paga.
Sin embargo, el Ministerio ha optado por elevar cuatro décimas esa recomendación. Su propuesta sitúa el salario mínimo en 1.286 euros, 65 euros más al mes y 910 euros adicionales al año, hasta alcanzar los 18.004 euros brutos anuales. El cambio afectaría a alrededor de 2,5 millones de trabajadores.
Yolanda Díaz, además, ha sido clara: su intención es aprobar la subida antes de las elecciones generales.
Los sindicatos reclaman elevar el salario mínimo hasta 1.306 euros
La propuesta del Ministerio tampoco satisface completamente las aspiraciones sindicales. CCOO y UGT van más allá y defienden una subida del 7%, que situaría el salario mínimo en aproximadamente 1.306,50 euros mensuales. Esta cifra supone una mejora de 85,50 euros por paga respecto a 2026.
De esta manera, el Ministerio de Trabajo vuelve a sacar a pasear la bandera del diálogo social, aunque esta vez ha decidido adelantarse a sus invitados. La propuesta de subida del SMI ya está sobre la mesa sin que sindicatos y empresarios hayan alcanzado un acuerdo. Y tampoco sería una novedad que la patronal terminara quedándose fuera de la fotografía final. De hecho, en 2026 el salario mínimo aumentó un 3,1% con el respaldo exclusivo de los sindicatos.
Los empresarios volvieron a desmarcarse de un pacto que, año tras año, parece tener cada vez menos sorpresas. Trabajo negocia, los sindicatos aprietan y la patronal protesta, mientras el diálogo social sobre el salario mínimo sigue sin conseguir sentar a todos en el mismo acuerdo.
Todo calculado para intentar aprobar la subida a cinco días de las elecciones
El calendario legislativo añade presión y es que el periodo de presentación de alegaciones al proyecto finaliza el 16 de noviembre, cuando la campaña electoral ya estará en marcha.
Si se cumplen los plazos previstos, el Consejo de Ministros podría aprobar la subida el 17 o el 24 de noviembre, apenas cinco días antes de las elecciones en este último caso.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha confirmado la intención del Ministerio de acelerar la tramitación. "Naturalmente el Ministerio trabaja con la intención de poder aprobar ambas normas", afirmó en referencia al SMI y a la reforma del registro horario.
También explicó que la voluntad del Ejecutivo es actuar "cuanto antes y teniendo en cuenta todos los factores, especialmente el informe de la Comisión Asesora".
Las dudas sobre los complementos salariales y el IRPF siguen abiertas
Uno de los principales desacuerdos afecta a la compensación y absorción de complementos salariales.
La normativa permite, en determinadas circunstancias, que las empresas tengan en cuenta otros conceptos retributivos para comprobar si alcanzan el mínimo legal.
Esto significa que una subida del SMI no garantiza automáticamente un aumento equivalente del salario efectivo de todos los trabajadores.
Los sindicatos reclaman modificar este mecanismo y han mostrado disposición a negociar un incremento inferior al 7% si se limita la absorción de complementos.
Tampoco está resuelta la tributación en el IRPF. El proyecto no garantiza expresamente que el nuevo salario mínimo quede exento, por lo que podría resultar necesario introducir ajustes fiscales.
El Gobierno afronta así las últimas semanas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre con una negociación pendiente que podría arañar muchos votos.
Imágenes | Ibrahim Boran, Agenda Pública
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