¿Cuánto tiempo puede aguantar un barco navegando si solo reman cuatro de cada diez tripulantes? La pregunta parece el planteamiento de un juego de estrategia económica, pero es la cruda radiografía demográfica y laboral que maneja la profesora de Economía de la Universidad Europea de Valencia, Leticia Poole. En una reciente entrevista concedida a El Español, la experta lanza una advertencia incómoda pero matemática: el actual modelo de bienestar en España descansa sobre los hombros de una minoría activa, un desequilibrio estructural que amenaza con grietas profundas a medio plazo si no se cambia el rumbo de la partida.
La paradoja de las cifras: EL JUEGO del 40%
Para entender la magnitud del problema hay que mirar los datos fríos sin paños calientes (esos que habitualmente se camuflan bajo el optimismo de las encuestas de empleo estacionales). La economista expone que, si cruzamos el censo total de población con los registros reales de afiliación a la Seguridad Social, el resultado es que apenas el 40% de los ciudadanos está metiendo dinero en la caja común a través de su empleo. El resto de la estructura lo componen menores de edad, estudiantes, personas en situación de desempleo crónico, trabajadores en la economía sumergida y, sobre todo, una masa creciente de jubilados.
El núcleo del conflicto no es que España no crezca o que no se cree empleo a nivel macroeconómico, sino la desproporción de la carga. Sostener un país grande —con sus infraestructuras, sanidad pública y un sistema de pensiones indexado a la inflación— exige un motor financiero que este 40% de población activa empieza a encontrar fatigoso. Poole incide en que no se trata de un debate ideológico, sino de pura sostenibilidad fiscal: un país no puede jugar indefinidamente a que los menos financien los servicios públicos de los más sin resentirse en la calidad de las prestaciones o en un endeudamiento crónico.
El invierno demográfico y la trampa del empleo público
Ya lo decía de otra manera Charly García cuando cantaba aquello de que la complacencia es el peor enemigo. En el mercado laboral español nos encanta felicitarnos por el maquillaje de los datos mensuales mientras ignoramos que la corriente de fondo nos arrastra directos hacia las rocas. Lo que muchas veces se pasa por alto en los análisis exprés de la prensa económica es la alarmante distorsión que introduce el envejecimiento de la población y el peso del sector público, un asunto donde nuestra cosecha de datos nos obliga a encender las luces de emergencia.
Por un lado, la generación del baby boom está empezando a hincar la rodilla frente a la edad de jubilación, lo que va a tensionar las cuentas del Estado a niveles nunca vistos en la historia reciente. Por otro, gran parte del empleo creado en los últimos años corresponde a plazas de la Administración, un movimiento que alivia las listas del paro pero que, en términos netos, no genera riqueza productiva primaria, sino que redistribuye los impuestos que recauda el sector privado. En vuestro rincón de análisis ya os hemos advertido en ocasiones anteriores sobre cómo la falta de productividad real en las pymes españolas frena los salarios y empuja a muchos profesionales cualificados a quemarse en puestos infrautilizados.
¿Tiene solución este laberinto macroeconómico? Sí y no. Leticia Poole aboga por reformas profundas que no pasen simplemente por subir los impuestos al porcentaje que ya trabaja —lo que desincentivaría la inversión y el talento—, sino por ensanchar la base laboral mediante la atracción de capital tecnológico, el retraso efectivo de la edad de retiro en profesiones no penosas y un vuelco total a la formación profesional. Lo que está claro es que el viejo truco de mirar hacia otro lado mientras la base demográfica se encoge ya no sirve. Al final, las matemáticas de la caja de las pensiones son implacables. Y eso nunca cambiará.
Imágenes | Youtube (TruthTime Project)
Ver 0 comentarios