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De la financiación del cine a la de RTVE

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Esta semana ha sido noticia una decisión del Tribuna Supremo en relación con el cine español. Dicho órgano judicial ha decidido elevar una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 5.1 de la Ley 25/1994. En la misma se fija la obligación de las cadenas de televisión de destinar un 5% de sus ingresos a financiar producciones cinematográficas españolas. Y es que el Tribunal Supremo parece tenerlo claro, según recoge El Mundo:

Ahora, el escrito del Supremo, al que ha tenido acceso este diario, entiende que "la imposición por ley a una o a varias empresas del destino obligatorio que han de dar a sus inversiones, con la consiguiente vinculación de una parte de sus recursos propios (un determinado porcentaje de sus ingresos, no de sus beneficios) constituye una restricción de la libertad que les garantiza el artículo 38 de la Constitución Española, que reconoce la libertad de empresa.

No está mal que alguien invoque la libertad de empresa. Especialmente si el partido político que parió la Ley, el PP, es el supuestamente liberal, cosa que hace tiempo que tengo más que en duda. Para mi es una buena noticia, matizada por el hecho de que lo hace el Tribuna Supremo es elevar una consulta de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, para poder resolver en consecuencia. Es decir, que deberemos esperar al pronunciamiento de éste, y entre nosotros, mi confianza sobre dicha institucion es muy limitada.

De todos modos hay algo interesante, y es que se pone en solfa esa manía tan politiquesa que tienen nuestros padres de la patria de quedar bien con unos a costa del dinero de otros. Pienso en Revilla, si, pero mucho más en algo muy reciente. Y es que el esquema de financiación es muy similar al que ha montado el Gobierno socialista para financiar la nueva Corporación de RTVE. ¿Que no quereis anuncios? Pues que lo paguen las Televisiones privadas, y, oh, corcholis, las operadoras de telefonía. Vamos, que RTVE se prejubila del mercado publicitario pero su pensioncita se la debe pagar la competencia directa y las empresas telefónicas. La Exposición de Motivos de la Ley, que adjunto a pie de post, es de traca.

A ver si hay suerte y no tenemos que esperar a la decisión última de un Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que Bruselas está estudiando si este diezmo que ha impuesto el Gobierno Zapatero viola la normativa comunitaria.

Vía | El Mundo Más información | Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española Imagen | rightee

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