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Una patente es una protección legal otorgada al inventor o empresa descubridora de un producto o proceso productivo por el Estado, ofreciendo una protección legal para impedir la competencia, y en consecuencia, el resto de empresas no puedan utilizar o vender el artículo durante un tiempo determinado.

Como principal ventaja se suele señalar que el uso de las patentes permiten reducir la incertidumbre, el riesgo asociado a la inversión sobre la patente y evitar que los potenciales imitadores copien el producto.

La razón subyacente a este proteccionismo sobre un determinado producto o proceso productivo es que la empresa ha invertido una suma importante de dinero y también tiempo en I+D por lo que la concesión de un monopolio en forma de patente contribuye a la recuperación de los gastos y así, generar una rentabilidad óptima sobre la inversión.

Sigo manteniendo que en este país, el personal se queja mucho detrás del anonimato, en la barra del bar y que muy, muy pocos son capaces de hacer valer sus derechos donde deben, que es ante los tribunales o ante la autoridad administrativa cuando hablamos de "derechos laborales".

Esta reflexión la traigo al hilo de los comentarios que están dejando bastantes lectores en esta entrevista de JotDown a la responsable de la Librería La Central y se pueden leer acusaciones bastante serias de mobbing, acoso psicológico, incumplimientos reiterados de convenios colectivos, horas sin pagar, diferencias salariales difíciles de explicar... Nada nuevo bajo el sol de este país de borregos asustados, más que de personas que sean capaces de quejarse si los pisan. Aquí la novedad es que tenemos una empresa "progre" según esos propios trabajadores y extrabajadores que critican la situación y por lo que se lee en Twitter, para muchos, en España sólo "explotan" a sus trabajadores los empresarios fachas que votan al PP. Pues no, niños y niñas, aquí lo mismo te hace un siete un "empresario fascista" que el gerente de la cooperativa social o el director de la ONG de Villapepinos de Arriba. ¿Acaso pensáis que los contratos en práctica, becarios, no pagar las horas extras y similares es monopolio exclusivo de la empresa derechona? Pregunten por ahí, a los progres del salón, que igual se sorprenden.

Según ABC, el kit del piquete informativo de CC.OO. en la huelga contiene agua, fruta, un poco de chorizo y silicona por si fuese necesario usarla. En las huelgas generales, además de la caída del consumo eléctrico, la paralización de los transportes públicos y la puesta en servicio de aquellos que tienen la consideración de esenciales, se tiene que “informar” al pequeño comercio de la huelga.

Y dado que muchas veces las palabras se quedan cortas, qué mejor que informar tapando la cerradura con silicona, para que cada cual “ejerza libremente” su derecho a la huelga o su “derecho al trabajo”. Esta práctica se ha puesto en práctica a estas horas en:

• Sevilla con cinco detenidos tapar cerradura con silicona y colocar clavos en la calzada
• Valencia, con quema de contenedores, cortes en el tráfico y cómo no, silicona en centros de trabajo
• Navarra y ás siliconas y barricadas…

y así podíamos seguir por casi todos nuestros pueblos y ciudades. Como vemos, el derecho a la huelga hay que respetarlo desde todas las instancias y el derecho al trabajo, pues que también se respeta, pero si acaso, a partir de mañana, que hoy lo ejercemos con un tubo de silicona.

En El Blog Salmón | La evolución del consumo eléctrico augura un fracaso de la huelga
Imagen | mafergo

Vía Meneame llego a una noticia con titular rimbombante donde los haya: “La Caixa me niega la apertura de una cuenta por ser indigente”. El caso es que una vez que entramos en la lectura de dicho post, vemos que en ningún momento se ha negado la apertura de la cuenta corriente a este señor, sino que se obliga a la contratación de un seguro para tramitar la apertura de dicha cuenta corriente.

Es decir, nos encontramos con el caso típico de pack de contratación de las entidades financieras, al estilo de te voy a colar por toda la escuadra tantos productos bancarios como yo estime oportuno porque el sistema financiero somos todos y aquí estoy yo para vender mi libro. En esta situación, el futuro cliente tiene dos opciones, bien traga con las condiciones de la entidad y contrata todo aquello que le obliguen, o bien coge el camino de San Fernando y se va a otra entidad que se amolde a la contratación que él desee. El problema se crea realmente si todas las entidades financieras se alinean en la misma tesitura y todas obligaran a contrataciones adicionales. ¿Se debería entonces definir un derecho universal a los servicios bancarios básicos como la apertura de una cuenta corriente?

Hace unos días explicábamos en este blog cómo funciona la Sanidad Pública Española y el alcance de la prestación sanitaria universal. En cuestra constitución se propugna este derecho de asistencia sanitaria, pero según afirma el Defensor del Pueblo, 276.000 españoles (el 0,6% de la población española) no cuentan con el servicio universal de asistencia sanitaria. ¿Quienes se encuentran dentro de dicho colectivo?

Fundamentalmente, autónomos que cesan en su negocio y no tienen trabajo y no reciben ningún tipo de prestación por parte de la Seguridad Social. Estas personas se encuadran según los informes del Defensor del Pueblo entre las personas que no trabajan pero tienen suficientes recursos (por ejemplo una vivienda en propiedad) o inmigrantes que han retornado a España y cuentan con pensiones de otros paises. ¿Es lógica esta situación?