Redacción El Blog Salmón
EditorEn el debate sobre la crisis inmobiliaria que vive España destaca siempre una figura casi intocable: el pequeño propietario. Los casos de vulnerabilidad habitacional (el último de ellos es el de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba 71 viviendo en su piso madrileño y que acabó siendo desahuciada) suelen relatarse desde una perspectiva que protege a los propietarios con segundas residencias. En el programa Malas lenguas (TVE) ha puesto en duda esta premisa la analista política Sarah Santaolalla. "Nadie está poniendo en el foco a un señor que vive en Madrid y tiene una segunda casa en Benidorm o en Marbella o donde la tenga y pasa allí los veranos", explica.
La normativa actual (Ley 12/2023) señala que gran tenedor será aquel que tenga más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o más de 1.500 metros cuadrados de superficie residencial construida. También puede considerarse gran tenedor a quien tenga cinco o más viviendas si se encuentran en una zona declarada de mercado residencial tensionado y se cumplen determinadas condiciones. Es un límite muy suave. "Si tienes más de cinco casas, ¿te parece que todavía eres una víctima del sistema? No, no, es que cuando se habla de pequeño propietario, el pequeño propietario no es el fondo buitre del que se está hablando". Se hace hincapié en la diferencia entre el dueño de la vivienda de vacaciones (que es quien paga la hipoteca) y el inquilino (que puede llegar a la pobreza severa). Este es el caso del señor con casa en Benidorm. En España tenemos más de 4,2 millones de viviendas secundarias, aproximadamente un 16 % del total de viviendas, según las estimaciones elaboradas a partir del Censo de Viviendas de 2021. Las segundas residencias en nuestro país tienen un gran peso en el mercado inmobiliario, sobre todo en determinados municipios y provincias de la costa. Hay que destacar que no todas las segundas residencias son también inmuebles de alquiler.
Por un lado, los representantes sindicales piden "freír a impuestos" a quienes tienen dos viviendas por la asimetría fiscal que existe respecto al resto de hogares. Sin embargo, el verdadero problema es el estrangulamiento que sufren quienes menos pueden pagar el encarecimiento de la vivienda. La inseguridad que generan los problemas de renovación de contrato es el verdadero núcleo del problema. «Lo que no está seguro es la gente que está viviendo en una casa que está pagando hoy un alquiler de 1.000 euros y que mañana puede venir su casero y decirle que paga 2.000 o se va a la puñetera calle», alerta Santaolalla.
Hay que tomar "medidas valientes". Hay que legislar. Proteger al más débil. Y no solo proteger al pequeño tenedor. Por otro lado, cabe destacar que en nuestro modelo existe una cierta paradoja. Aunque el Gobierno ha ido endureciendo la regulación de los grandes tenedores (e instituciones), sigue siendo objeto de debate el alcance de las medidas de protección y el papel de los propietarios particulares en un mercado del alquiler cada vez más tensionado.
Imagen | La Séptima
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