Mercado laboral, impuestos y pensiones: estas son las principales medidas económicas del plan de recuperación que España ha enviado a Europa

Mercado laboral, impuestos y pensiones: estas son las principales medidas económicas del plan de recuperación que España ha enviado a Europa
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El Gobierno de Sánchez ha enviado a Bruselas su plan para poder gastar 140.000 millones de euros del fondo de recuperación del coronavirus de la UE. Y es que el dinero no era gratis, nunca lo fue, viene a cambio de reformas.

Recibiríamos 70.000 millones de euros de subvenciones que Madrid planea aprovechar entre 2021 y 2023, el gobierno tiene la intención de obtener una cantidad equivalente de préstamos, en condiciones muy ventajosas, entre 2024 y 2026.

El gobierno ha sido criticado por la falta de claridad sobre las tres reformas más sensibles del plan, que afectan las pensiones, el mercado laboral y el equilibrio fiscal del país. Por ello, vamos a explicar qué está prometiendo Sánchez a Europa.

Mercado laboral: el foco centrado en simplificar y la flexibilidad

Para nadie es una sorpresa afirmar que el mercado laboral español destaca por su alta ineficiencia y dualidad, pues existen desequilibrios profundos que agravan los ciclos económicos y terminan lastrando los aumentos de productividad. Todo ello ha ocasionado un elevado desempleo estructural y juvenil.

España presenta una tasa de temporalidad muy superior a la media de los países de la UE, una alta prevalencia del trabajo involuntario a tiempo parcial, y una elevadísima rotación de contratos de muy corta duración. Todos estos factores llevan a la precarización del mercado laboral, y destaca España en 2020 con una temporalidad del 24%.

Por ello se pide, en primer lugar, la simplicidad de las modalidades contractuales de nuestro mercado laboral. Para que se reduzca la temporalidad es necesario simplificar los tipos de contratos, reduciéndolos a tres (estable, temporal y de formación/prácticas), generalizar la contratación indefinida y devolver al contrato temporal la causalidad que se corresponde con la duración limitada.

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Por otra parte, se apuesta por la flexibilidad pero sin esos contratos temporales: "la reforma debe garantizar que las empresas pueden adaptarse con rapidez a los cambios en el contexto económico, con mecanismos alternativos a la alta temporalidad y el encadenamiento de los contratos de muy corta duración". Esa flexibilidad vendría de la mano de potenciar el uso del contrato fijo-discontinuo para actividades cíclicas y estacionales y reforzar el control de la contratación a tiempo parcial, en especial en lo relativo a la jornada irregular y las horas complementarias.

En tiempos de crisis, esa flexibilidad vendría a proporcionar flexibilidad interna a las empresas y estabilidad en el empleo ante caídas transitorias en la actividad empresarial, con un foco especial en la formación de los trabajadores. Consistente en reducción de jornada o suspensión del contrato por crisis de empresa, permitiría reforzar la inversión en formación de los trabajadores durante los periodos de baja actividad, minimizar el recurso al despido, salvaguardando el vínculo contractual del trabajador con la empresa.

Y, con el fin de cubrir la financiación de las prestaciones y la compensación de las cotizaciones a la seguridad social, en línea con el modelo de otros países europeos, se creará un Fondo tripartito, cuyo funcionamiento será acordado mediante el diálogo social.

Las políticas activas de empleo han sido un verdadero fiasco en España, y a ello se destinan entre 6.100 y 6.500 millones de euros a Políticas Activas de Empleo y, además, el SEPE solo coloca un 2% de los asalariados. Para tratar de solucionar este problema, se buscará identificar los programas servicios e itinerarios más eficaces para hacer una asignación eficiente de los recursos públicos.

Se sugiere incorporar incentivos orientados al cumplimiento de objetivos en la asignación de recursos en la Conferencia Sectorial y en las retribuciones de los responsables de orientar y formar a los demandantes de empleo. Plantea diseñar una estrategia que involucre a los agentes locales, ya que la dimensión local en España es limitada. Propone incorporar al Sistema Nacional de Empleo (SNE) la mejora del acceso a los datos, incrementar su calidad y adecuar la arquitectura tecnológica.

Las subvenciones y bonificaciones a la contratación suponen alrededor del 25% del gasto total en políticas activas del mercado de trabajo. No sirve para mucho y, de ahí, se simplificará los incentivos y los requisitos de las empresas beneficiarias, mejorar los programas de formación y asegurar una mayor coordinación entre todas las administraciones.

Según lo anunciado, no se ataca al coste del despido, uno de los problemas históricos para nuestro mercado laboral. España destaca por ser uno de los países desarrollados con un coste de despido notablemente más alto que la media de los países de la OCDE, lo que dificulta la plena flexibilidad en la dinámica laboral.

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A pagar... Llegan los impuestos

Bajo el eufemismo "modernización del sistema tributario español que permita adecuar este a las tendencias internacionales sobre imposición del siglo XXI", se buscará que el contribuyente medio pague más y el Gobierno ya sabe cómo.

En primer lugar, "lo verde" será la escusa perfecta para que las clases medias españolas paguen más impuestos. Nos dicen que debemos adaptar nuestra sistema fiscal para interiorizar las externalidades medioambientales. Y, de ahí, iríamos a fomentar el uso de energías menos contaminantes. Revisar la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre las emisiones de esos sectores.

En otras palabras, castigar al diésel y pagar un sobreprecio por viajar en avión. De hecho el gobierno buscó esa subida a los 34,5 céntimos desde los 30,7 céntimos por litro, una medida que no prosperó para integrarse en los PGE2021. Y en el sector de la aviación, un estudio de la Fundación Alternativas, próxima al PSOE,c alculaba un coste adicional de 4,47 euros para los viajes de corta distancia, 23,22 euros para media distancia y 41,99 euros para los trayectos de largo alcance ¿el objetivo? Recaudar 1.300 millones de euros.

Existen una gran variedad de impuestos autonómicos sobre residuos y se busca una estrategia nacional para no dar lugar al "turismo de residuos". De ahí nacería el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero y a la incineración, el impuesto que grave los envases de plástico no reutilizable y una modificación del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero

Por otra parte, las carreteras quedan soportadas por todos los españoles a través de los PGE ¿y si solo pagan quiénes las usen? Ese sería el nuevo enfoque: instaurar un sistema de pago por el uso de la red vial para finales de 2023 o principios de 2024.

Mapa Carreteras De Pago Espana

Además se están estudiando hasta trece beneficios fiscales seleccionados por el grupo de trabajo por su importancia cuantitativa y cualitativa que se realizará a lo largo del período 2021 a 2023. Ya se han modificado los beneficios fiscales de los planes de pensiones en el IRPF, y el tipo reducido de IVA para bebidas refrescantes, zumos y gaseosas con azúcares o edulcorantes añadidos. Vamos a más...

Se estima que una parte importante de las políticas de gasto se instrumentan a través de beneficios fiscales. El conjunto de ellos supone una cuantía próxima a los 60.000 millones de euros (5 puntos del PIB) y cubren un amplio espectro de políticas relativas al fomento del empleo, la provisión de servicios sociales, al complemento de las pensiones, etc.

A partir de aquí, en el primer trimestre de 2022, 2023 y 2024, se presentarán el correspondiente informe y las conclusiones del análisis de los beneficios fiscales analizados en el ejercicio anterior y, en su caso, se tomarán las decisiones de reforma.

Pensiones: Influyendo en el Pacto de Toledo

Las pensiones es el tema que más se ha atascado en la realidad española en los últimos años. Hemos consumido el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y ahora el gasto de las pensiones se nutre de los Presupuestos y no sólo de las Cotizaciones Sociales, lo que demuestra la insosenibilidad del sistema, con una alta influencia de os factores demográficos a largo plazo.

Se buscaría una asunción desde el Estado de partidas de gasto que en la actualidad son sufragadas a través de cotizaciones sociales limitando la capacidad del sistema para afrontar el volumen de gasto en pensiones.

Además, se persigue la aproximación de la edad efectiva de jubilación a la edad legalmente establecida. Ahora tenemos el aumento progresivo de la edad de jubilación ordinaria de 65 a 67 años en 2027 (actualmente es de 65 años y 10 meses). Esta reforma de 2011 ya está mostrando resultados pues la edad de jubilación real ha pasado de los 63,8 años en 2010 a 64,1 en 2017, acelerando hasta los 64,6 en 2020. Se modificarian los coeficientes reductores para la jubilación anticipada voluntaria, para incentivar la permanencia en el empleo y eliminar los elementos regresivo.

Jubi

Desde el punto de vista de los ingresos, los autónomos a pagar. El 85% del colectivo lo hace por la base mínima, del resto, menos del 9% lo hace por bases que no superan 1.964,70 euros. La cotización de los trabajadores autónomos de acuerdo con los ingresos reales derivados del desarrollo de su actividad sería el factor clave para condicionar las cotizaciones.

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