Redacción El Blog Salmón
EditorUn trabajador de las Minas de Riotinto pidió la jubilación anticipada a los 56 años en 2018. La Seguridad Social se la denegó, alegando que le faltaban cotizaciones. Pero aquí viene el detalle: fue el propio INSS el que, años antes, le había comunicado que esa era su fecha de retiro. Cuando el trabajador solicitó la pensión basándose en esa información, el organismo rectificó y le dio una nueva fecha: 2022. Para entonces, la renta garantizada que cobraba desde su ERE del 2003 —el 78% de su salario bruto— ya se había cortado, porque esa renta solo se pagaba hasta la fecha de jubilación que, según el INSS, era 2018. El resultado: entre 2018 y 2022, este hombre no cobró ni pensión ni renta. Cero euros durante cuatro años, tal y como consta en la sentencia del Tribunal Supremo 437/2025.
El caso subió por tres escalones judiciales. El Juzgado de lo Social nº3 de Huelva le dio la razón y condenó a la Junta de Andalucía a pagar las cantidades dejadas de abonar. La Junta recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que confirmó la sentencia y consideró que el trabajador tenía derecho a percibir la renta temporal hasta la fecha de su jubilación real, sin que las consecuencias del error inicial sobre su fecha de jubilación debieran recaer sobre él. La Junta volvió a recurrir, esta vez al Tribunal Supremo, que terminó declarando firme la resolución. La cantidad reconocida fue de 55.300,63 euros, que es la cifra que aparece en la resolución judicial.
La trampa de la cadena administrativa. El caso tiene una lección de arquitectura burocrática que conviene desarmar. Primero, el INSS comunica una fecha de jubilación. Segundo, un acuerdo sociolaboral (en este caso, el ERE de Minas de Riotinto) diseña una renta puente atada a esa fecha. Tercero, el INSS cambia la fecha. Cuarto, la renta puente se corta porque la fecha original ya no vale, pero la nueva no produce pensión hasta dentro de cuatro años. El trabajador queda atrapado en un hueco que no ha creado. La resolución judicial que analiza el conflicto recoge precisamente cómo la modificación de la fecha de jubilación terminó afectando a la renta temporal.
¿Es un caso aislado? Lo que sabemos: no existe una estadística pública del INSS que permita afirmar que alrededor de un 5% de las pensiones concedidas contienen algún tipo de error en su cálculo. Tampoco hay datos públicos que permitan saber cuántos errores administrativos producen una cascada como esta —la pensión denegada más la renta auxiliar cortada—. Lo que sí indica este caso es que los tribunales consideraron que el trabajador no debía asumir las consecuencias económicas del error administrativo y reconocieron su derecho a percibir la renta temporal hasta su jubilación real.
Qué hacer si te reconoces en el caso. Si has recibido información del INSS sobre tu fecha de jubilación y posteriormente te la han rectificado, el primer paso puede ser una reclamación previa ante la propia Seguridad Social, cuyo plazo general en materia de prestaciones es de 30 días desde la notificación de la resolución. Si la desestiman, el siguiente paso es la vía judicial. Y si el error te ha dejado sin una renta que ya cobrabas, habrá que determinar qué Administración o entidad resulta responsable en función de las circunstancias concretas del caso. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas está regulada actualmente en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, que establecen cuándo existe derecho a ser indemnizado por los daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos, como recoge el texto de la ley publicado en el BOE.
Vía | El Cronista
Imagen | Pareja paseando por Málaga. Joaquin Carfagna (vía Pexels)
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