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Hubo un tiempo en España que cada vez que se hablaba de los problemas del alquiler era para denunciar la precaria situación en la que se encontraban los propietarios ante los abusos de los inquilinos: destrozos, morosidad, ocupación... Durante años, esa falta de seguridad jurídica ha sido esgrimida como el motivo por el cual el parque de viviendas vacías en España supera el de cualquier país Europeo.

Con el estallido de la burbuja inmobiliaria no solo no se ha conseguido garantizar a los propietarios la seguridad deseada, sino que ha surgido un nuevo problema. Ahora, la indefensión también afecta a los inquilinos. Hasta tal punto, que las principales organizaciones sociales implicadas en la defensa de las situaciones de exclusión inmobiliaria se han unido para poner en marcha los llamados Sindicatos de Inquilinos.

La idea no es nada revolucionaria. Las experiencias de sindicatos o asociaciones de inquilinos agrupados para evitar los abusos de sus caseros son centenarias en países, como Austria o Suecia, y generalizadas en el mundo anglosajón y europeo. La gran duda es si, dadas las peculiaridades del mercado de la vivienda español, estas iniciativas pueden tener recorrido aquí o quedarán arrinconadas como un efímero sindicato sin patrón.

El Congreso de los Diputados ha rechazado el decreto ley del gobierno para liberalizar el sector de la estiba. Se trata de una situación con muy pocos precedentes: es la tercera vez en cuatro décadas de régimen democrático en que el Congreso tumba un decreto gubernamental. El PP comienza así a experimentar las consecuencias de un gobierno en precaria minoría.

La reforma del sector pretendía acabar con el monopolio de las denominadas SAGEP ('sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios') en la contratación de estibadores. Este monopolio tiene su origen en un privilegio concedido por la dictadura de Franco a los veteranos de la División Azul que se ha mantenido intacto hasta ahora: cualquier empresa que quiera operar en los puertos españoles se ve obligada a contratar estibadores de la SAGEP correspondiente.

Semejante situación atenta contra las leyes comunitarias sobre la competencia, de modo que la Comisión Europea denunció al estado español. En 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión falló a favor de la Comisión, en una sentencia que además condena a España al pago de las costas judiciales. El decreto ley rechazado por el Congreso pretendía dar cumplimiento a la sentencia del tribunal, pero su rechazo abre una incógnita: ¿cuáles son las consecuencias del desacato de España a la justicia europea?

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado un Informe titulado “España: Crecimiento con Empleo” que habla del mejor plan de acción para establecer las condiciones necesarias para asegurar que España no caiga en el crecimiento sin la "creación de empleo", que está procupando alrededor del mundo. Este sistema también debe ser justo, para equilibrar las medidas para la creación del trabajo con la protección social.

Con los tantos anuncios del gobierno español que ya somos líderes en Europa en el crecimiento económico y con los anuncios regulares de que la economía española está creando empleo, me temo que estos líderes continúen haciendo lo que están haciendo, que es anunciar medidas, pero sin implementarlas, anunciar medidas inútiles o, peor, perjudiciales, y seguir esperando a que el carro mundial de crecimiento nos impulse a nosotros también.

¿Quién no ha estado 18 años enganchado a un contador de la luz que no es el suyo? ¿Quién no ha desviado 15 millones de euros de cursos de formación si ha tenido ocasión? Estas son sólo dos muestras de las últimas noticias que han saltado a los medios de comunicación y que hacen perder la fe en la gestión de los recursos públicos.

En el primer caso, una delegación de UGT de Elda, considera que es más rentable que la electricidad de su sede la pague la comunidad de vecinos en la que tiene el local. Esto se podría considerar una afiliación sindical obligatoria para los comuneros pero que nos da una idea de la honestidad y honradez de los representantes locales de dicho sindicato en la gestión de los recursos públicos que le asignen. Respecto a la patronal madrileña, el tema es mucho más serio todavía, lo primero por el volumen defraudado y lo segundo porque han copiado las prácticas que ya se denunciaron en estas mismas páginas al UGT Andaluza, pero multiplicando por varias unidades la cantidad defraudada.

Cuando leo el periódico cada día clasifico las noticias en dos tipos: las que me aportan algo y las que me dejan en estado de trance durante al menos un par de horas. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque aquí va una a la aún sigo dándole vueltas y más vueltas en la cabeza de forma casi enfermiza: los secretarios generales de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, han pasado la mañana de hoy en el Palacio de la Zarzuela entrevistándose con el rey para tratar la difícil situación económica que atraviesa España.

¿De qué hablarán en una reunión de este tipo? Al parecer el encuentro se ha producido a petición de la Casa Real y la grave situación económica sería el eje central de tan curiosa reunión. Imagino que los sindicatos habrán aprovechado para hacerle llegar al Monarca su declaración de intenciones respecto a las políticas económicas de Mariano Rajoy y habrán tratado de convencerle de que este no cuenta con el aval de la ciudadanía para aplicar los ajustes.

Creo que era Buffet el que decía que sólo cuando baja la marea se ve quien está en pelotas. Cuando las cosas bien todo es maravillosa, no hay diferencias entre los buenos y los malos, y las miserias se esconden que es un primor. Pero cuando el nivel desciende acaban aflorando las vergüenzas en el peor de los momentos. Pensemos en la CAM y en cómo se gastó en liderazgo 2.899.126 euros en 5 años.

Es lo malo de judicializar los conflictos, que salen a la luz partidas que no están desglosadas en esas cuentas anuales con tanta postproducción. Así que, a modo de lectura veraniega vamos a comentar la Sentencia de la Audiencia Nacional 56/2012, de 18 de mayo, especialmente para aquellos que no están acostumbrados a leer este género.

A medida que pasan los días vamos conociendo más detalles sobre los ajustes que se han practicado en los Presupuestos Generales del Estado para 2012. Así, los sindicatos también han pillado su porción del tijeretazo. Aunque en diciembre del pasado año ya se incluyó un recorte en las subvenciones a las centrales del 20%, finalmente el tijeretazo se ha elevado hasta el 33%.

En cifras, el ajuste supone que las aportaciones a los sindicatos pasen de los 25,9 millones de euros el año pasado a tan “sólo” 17,3 millones, lo que supone un ajuste de 8,6 millones. ¿Ajuste severo? ¿Ajuste blando? Creo que lo que realmente deberíamos plantearnos es si estas subvenciones son moralmente correctas. La pérdida de popularidad que los sindicatos han sufrido en los últimos años se debe en gran medida a la politización de los mismos. Tal vez si estas subvenciones desapareciesen y estos se financiasen exclusivamente de las aportaciones de sus afiliados el panorama cambiase.