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La discusión fiscal que centrará a Europa en los próximos meses

La discusión fiscal que centrará a Europa en los próximos meses
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A pesar de que hoy en día Europa mantiene un enfoque centrado al diseño del reparto de los fondos europeos y las condiciones para ser entregados, existe una discusión de fondo que para el viejo continente con una visión a largo plazo. Se trata de esbozar un marco fiscal para la economía del siglo XXI.

Y si se debe de dibujar una nueva fiscalidad, para Europa no significa otra cosa que poner esfuerzos en implementar nuevos impuestos, nada de una menor presión fiscal.

Más concretamente, existen diferentes medidas de referencia como consensuar una base imponible consolidada y común del Impuesto de Sociedades, la fiscalización de los servicios digitales, un impuesto a las transacciones financieras y los impuestos medioambientales.

Un Impuesto de Sociedades europeo

Uno de los grandes objetivos de la Comisión Europea es tratar de impulsar un Impuesto de Sociedades europeo. Eso significa eliminar la capacidad de los Estados miembros en la formulación del principal impuesto para las empresas.

Desde Europa se defiende la armonización del Impuesto de Sociedades porque se afirma que, con ello, se contribuye a la creación del mercado común y apostar por una mayor transparencia fiscal y una reducción de la evasión fiscal que lleva a desplazar beneficios.

El problema existente es que las normativas fiscales unificadas más que contribuir a la liberalización del comercio, son un obstáculo para el libre comercio. Y es que la diversidad fiscal proporciona incentivos para la producción de bienes y servicios más baratos para ofrecerlos en el mercado internacional al resto de los consumidores.

En un proceso de armonización, las empresas dejan de poder explotar las ventajas de las diferentes fiscalidades de los Estados miembros, la actividad empresarial requiere de condiciones fiscales favorables y no de impuestos uniformes.

Muchos países no han tenido otra forma para atraer empresas que no es la fiscalidad atractiva. En particular, el entorno empresarial se deterioraría dramáticamente en Estonia, que cobra el impuesto a los beneficios solo sobre los dividendos.

Consensuar un impuesto de sociedades para toda la Unión es algo que va en contra de la competencia fiscal para atraer empresas y por ello, Irlanda, con un impuesto de sociedades del 12,5%, es el principal defensor de la soberanía de los Estados miembros en este asunto fiscal. No obstante, Irlanda no está sola en su oposición, tenemos a otros países de la UE, incluidos Dinamarca y Suecia que adoptan una postura similar.

El impuesto a los servicios digitales: El ataque a las multinacionales estadounidenses

Otro de los grandes objetivos de la Comisión Europea es su compromiso a grabar los servicios digitales, aunque no es un asunto especialmente fácil porque las grandes empresas tecnológicas se encuentran en los Estados Unidos y se incurre el riesgo de una guerra comercial. En este punto, España ha querido tomar la delantera.

Para la Unión Europea el objetivo es ser capaz de grabar entre el dos y el seis por ciento de los ingresos locales que generan los gigantes tecnológicos.

Desde el punto de vista de la UE, las grandes tecnologicas se benefician enormemente de los mercados locales mientras que solo hacen contribuciones limitadas a las arcas públicas, un argumento que olvida las utilidades percibidas por los consumidores. La visión de Estados Unidos sostiene que los impuestos discriminan a las empresas tecnológicas estadounidenses como Google, Facebook, Apple y Amazon.

Por otra parte, estas empresas mencionadas se benefician de los sólidos balances y su importante poder de fijación de precios que también puede ser suficiente para desviar los efectos negativos del impuesto sobre el flujo de caja y los ingresos operativos. Esto les permitirá transferir el coste del impuesto a los anunciantes, vendedores y, en última instancia, a los consumidores, que tienen pocas alternativas en términos de proveedores de servicios digitales.

De todos modos, se está dando pasos hacia una guerra comercial. La administración Trump este mes aumentó la presión sobre Francia por su impuesto del 3% sobre los servicios digitales, diciendo que impondría aranceles del 25% sobre las importaciones francesas valoradas en 1.300 millones de dólares, pero que retrasaría la implementación de la medida mientras continuaban las conversaciones en la OCDE.

El Impuesto de transacciones financieras consensuado

El Impuesto a las Transacciones Financieras (FTT, por sus siglas en inglés) está de regreso en las agendas europeas y estadounidenses, ya que las arcas públicas han recibido un golpe significativo debido a la pandemia de COVID-19.

No es un hecho que sea ajeno a Europa ya que algunos países europeos tienen algún tipo de impuesto a las transacciones financieras, imputando un porcentaje sobre el valor del activo que se negocia.

Nos encontramos con que Bélgica, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Suiza y el Reino Unido actualmente imponen algún tipo de este impuesto, pero el objetivo es buscar el acuerdo europeo.

El Impuesto a las Transacciones Financieras difieren significativamente entre países. Por ejemplo, Suiza aplica un impuesto de timbre de 0,15-0,30 por ciento sobre la transferencia de acciones y bonos que involucran a un operador de valores suizo, mientras que Francia lo implementó gravando las transacciones de acciones al 0,3% y el trading de alta frecuencia al 0,01%.

La reforma medioambiental para combatir el cambio climático

Europa quiere llevar la delantera en la cuestión medioambiental y combatir el cambio climático y, por ello, los esfuerzos de Europa por lograr la neutralidad climática para 2050. Pero este es un objetivo que podría verse socavados por la falta de acuerdo de los interlocutores internacionales.

En la cuestión del carbono su reforma tiene como objetivo diseñar el futuro del mercado de carbono de la UE para el período posterior a 2020, con planes para impulsar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del Acuerdo de París. Para aumentar los precios, la propuesta incluye un aumento en la reducción anual de los derechos de emisión a subastar.

Ocurre que al tener un gran excedente y precios bajos vemos que las empresas transfieren la producción a países que son menos estrictos en cuanto a las emisiones.

Para reducir el exceso de oferta, los eurodiputados quieren duplicar la capacidad de la Reserva de Estabilidad del Mercado para eliminar el exceso de derechos de emisión en el mercado para absorber hasta el 24% del exceso de créditos en cada año de subasta.

Pero esta no es la única medida que se quiere abordar para reducir el impacto del carbono en nuestra atmósfera sino que específicamente se quiere lanzar un impuesto cuyo objetivo no es otro que el proteccionismo puro y duro a favor de los productores europeos de acero y otras industrias intensivas en energía contra las importaciones más baratas en aquellos países con políticas climáticas más laxas.

Por lo tanto, no es de extrañar que, si el impuesto llega a salir adelante, los costes de materias primas sufran un encarecimiento tras la aprobación de este impuesto, perjudicando a los consumidores finales.

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