Se ataca a la Comunidad de Madrid por su supuesto dumping fiscal frente al resto de España. Más concretamente en el caso del Impuesto sobre el Patrimonio, mantiene su política de una bonificación del 100%, por lo que los contribuyente de este territorio no quedan afectado.
Dado que es un impuesto cedido, algunas comunidades no lo tienen bonificado. En el caso de Cataluña, los primeros 500.000 euros están exentos de tributación, a partir de ahí según el tamaño de la base liquidable establece diferentes tipos de gravamen que van del 0,21% hasta el 2,75%.
Y se está maniobrando para centralizar este impuesto y así Madrid no pueda competir fiscalmente. Sin embargo se trata de una miopía manifiesta porque precisamente el Impuesto sobre el Patrimonio es un impuesto que ha dejado de existir en Europa ¿está practicando dumping fiscal Europa?
La experiencia europea nefasta con el Impuesto sobre el Patrimonio
En Europa el Impuesto sobre el Patrimonio no triumfo. A lo largo de los años los gobiernos se han dado cuenta de la problematica que acarrea este impuesto y lo han estado derogando.
Si nos remontamos a principios de la década de los años noventa, un total de doce países europeos contaban con el Impuesto sobre el Patrimonio, hoy solamente España. En el caso específico de nuestro país se introdujo una bonificación del 100% del impuesto sobre el patrimonio en 2008, pero más tarde se restableció en 2011 con la crisis. Inicialmente se planeó que su vuelta fuera temporal, pero se ha mantenido desde entonces.
Los principales argumentos se relacionan con sus costes de eficiencia y los riesgos de fuga de capitales, en particular de la mayor movilidad del capital y el acceso de los contribuyentes más ricos a los paraísos fiscales, la observación de que los impuestos sobre el patrimonio a menudo no lograron alcanzar sus objetivos redistributivos como resultado de sus bases impositivas estrechas, así como de la evasión y elusión fiscal y preocupaciones acerca de sus altos costes administrativos y de cumplimiento, en particular frente a lo que finalmente se recauda.
Este impuesto termina reduciendo la cantidad de capital disponible, lo que a su vez puede afectar a la creación de empresas, ya que el acceso al capital es un determinante importante para el crecimiento y la creación de riqueza.
Además, se trata de un impuesto especialmente distorsionador. Los hogares ahorran para poder consumir mañana en lugar de hoy. Por tanto, los ahorros están relacionados con los gastos de consumo futuro. Si se grava la rentabilidad del ahorro, la decisión de posponer el consumo y la asignación intertemporal de recursos se ve distorsionada por el sistema tributario.
Por otra parte es totalmente injusto. Podríamos hablar de hasta una triple imposición. El salario para constituir el ahorro ya está subordinado al IRPF. Y si ese ahorro es para volver a consumir, el contribuyente afrontaria primero el IRPF, luego el Impuesto de Patrimonio por la acumulación de renta y finalmente los diferentes impuestos al consumo.
De algún modo el Impuesto sobre el Patrimonio puede compararse con los impuestos sobre la rentas del capital, pero, en este caso, se aplica independientemente de las rentabilidades reales obtenidas sobre los ahorros, si tu patrimonio sufre rentabilidades negativas, sigues teniendo un patrimonio que deberá pasar por el impuesto. Una segunda diferencia significativa es que, en teoría, un Impuesto sobre el Patrimonio se recauda sobre una base devengada, mientras que los impuestos sobre la renta se recaudan típicamente sobre la realización.
Debido al problema vinculado a este impuesto, los países europeos lo han abandonado y han mostrado preferencias para grabar los inmuebles. La razón es que la base impositiva, y por lo tanto el potencial de ingresos, es elevada, ya que la vivienda es la principal forma de riqueza de los hogares en todos los países desarrollados. Además, la inmovilidad de la base imponible limita las posibles respuestas de comportamiento al impuesto y su visibilidad restringe las oportunidades de elusión y evasión que se ha visto con el Impuesto sobre el Patrimonio.
¿El resurgir del Impuesto sobre Patrimonio en Europa?
A raíz de la crisis, muchos economistas señalan que ha llegado el momento de hacer "más Europa". En esa apuesta europea, veríamos la vuelta del Impuesto sobre el Patrimonio para compensar los efectos de la crisis del Covid-19.
La justificación de este impuesto es que con la emisión de deuda se estaría transferiendo riqueza del sector público al sector privado. Las personas que mantienen sus ingresos durante la crisis no pueden consumir demasiado, por lo que pueden ahorrar más. Estos ahorros proporcionan fondos para nueva deuda pública, lo que ayuda a las personas que pierden ingresos durante la crisis.
Como ha habido un auge de la deuda pública (España finalizará el año con una deuda pública alrededor del 120%) significa que con el pago de intereses positivos se aportaría riqueza a las manos privadas. Con ese argumento, se concluye que la riqueza privada debería pagar la deuda pública después de la crisis.
Y tendría que ser un impuesto europeo porque, aprendiendo de las experiencias pasadas, una vez que se impone el impuesto sobre el patrimonio europeo, la migración de contribuyentes ricos dentro de la UE carece de importancia.
El otro argumento a favor de este impuesto es que la desigualdad de riqueza (Gini wealth) es mucho mayor que la desigualdad de ingresos (Gini Income), y en los últimos años la desigualdad de riqueza en los países (no a escala global por el auge de China). Además, la acumulación de riqueza se refuerza a sí misma y es probable que aumente en ausencia de impuestos. Las personas con altos ingresos pueden ahorrar más, lo que significa que pueden invertir más y, en última instancia, acumular más riqueza.