La nueva Ley de la Vivienda establece que durante 2022 solo se podrán subir los alquileres un 2% y durante 2023 un 3%. Y a partir de ahí habrá un nuevo índice de referencia, que será creado por el INE, para establecer futuras subidas.
Con esto el Gobierno pretende desligar los incrementos de los precios en general (el IPC) de las subidas de los alquileres. Algo bastante polémico pues afecta a contratos ya firmados, pero no entremos en ese tema. Lo cierto es que esta parte de la ley pone al INE entre la espada y la pared: pasa de ser una institución neutral que simplemente recoge y publica estadísticas a ser una institución que entra de lleno en el barro político.
El nuevo índice es un instrumento político
Que los alquileres ya firmados no suban más que la inflación es una decisión política. Así lo hemos visto reflejado en varios decretos previos a esta ley de la vivienda. El Gobierno actual no quería y no quiere que los altos datos de inflación se propaguen al ya complicado mercado de la vivienda.
Por tanto, y si no se deja libertad a los propietarios para actualizar sus rentas, es el Gobierno quien debe establecer el incremento máximo año a año, tal y como ha hecho la propia ley para 2022 y 2023. Así el Gobierno podrá ir estableciendo los incrementos para intentar frenar el descontrol de precios sin que esto se convierta de nuevo en un desierto de alquiler como si volviéramos a los años 60 y los contratos de renta antigua.
El INE no está para estas cosas
El problema es que el Gobierno se descarga de su responsabilidad y que le estén señalando continuamente tanto propietarios como inquilinos en cada decisión que tome. Y decide, por tanto, cederle el testigo a una institución neutral, pero que acabará politizada por este motivo.
¿Qué índice debe crear el INE? ¿Cuál debe ser su objetivo? ¿Recoger el incremento de precio del mercado de la vivienda y por tanto ser superior al IPC? ¿O contener las subidas de precios? ¿Qué usará, por tanto, para referenciar este nuevo índice? Es una pura decisión política. Y el INE no está para eso.
El índice lo tendrá que crear el Gobierno y el INE se puede encargar de su cálculo. Pero lo que se ha explicado es que será el INE quien cree el índice y cuando lleguen las críticas todo el mundo se lavará las manos.
La costumbre del Gobierno de distanciarse de las decisiones polémicas
El principal problema de todo esto es que el Gobierno últimamente tiene la costumbre de quitarse de en medio al tomar decisiones polémicas, y le cede el testigo a algún comité de expertos o similar para luego presentarse ante la sociedad diciendo "eh, no he sido yo".
Esto se ha visto en múltiples ocasiones con la crisis del covid-19, donde por ejemplo en la desescalada se mencionó un comité de expertos cuando se intentó fiscalizar al Gobierno (comité que, por cierto, no existía).
Y esto es grave para la democracia. Los Gobernantes tienen que tomar decisiones y los ciudadanos valorar dicha gestión. Pero con esta costumbre de justificar que esto o aquello lo ha hecho un grupo independiente o viene impuesto de Europa (otra excusa muy usada) es un menoscabo a la labor de control por parte de los ciudadanos.