Redacción El Blog Salmón
EditorSegún recoge una información de COPE, la iniciativa se asienta sobre los principios de la permacultura (un sistema de diseño que busca la creación de asentamientos humanos ecológicamente sanos y económicamente viables) y la bioconstrucción. El pilar de esta filosofía —que la pareja ha documentado a través de su canal de divulgación en redes sociales— reside en integrar de forma simbiótica la vivienda, la producción de alimentos ecológicos, la salud y el propio modelo de educación familiar. Utilizando materiales reciclados y tierra extraída directamente del propio terreno, la pareja logró edificar una cabaña sostenible sin apenas incurrir en costes de materiales constructivos habituales. La crianza de su hijo Riu, basada en una estrecha vinculación diaria con los ciclos naturales y el medio ambiente, sirve como reflejo del choque cultural e institucional que ambos sostienen frente a la vida urbana convencional.
El conflicto sectorial y social que convierte este caso en noticia es de naturaleza estructural: la enorme dificultad que afronta la juventud para emanciparse a causa de los elevados precios de la vivienda urbana está empujando a una fracción minoritaria de la población a explorar el cohousing (el eufemismo de moda para hablar de la necesidad compartir piso hasta los 40) o la autoconstrucción rural extrema. Sin embargo, estas alternativas de autosuficiencia chocan frontalmente con las estrictas normativas urbanísticas municipales y autonómicas, que rara vez contemplan la bioconstrucción artesanal o el reciclaje de materiales como edificaciones residenciales habitables y legalizables.
El muro legal de la bioconstrucción y la paradoja del suelo rural
Lo cierto es que, dándole otra vuelta a las dinámicas de la edificación alternativa, la voluntad de autopromoción choca contra una rigidez regulatoria que la simple voluntad de subsistencia no puede soslayar. En el ordenamiento jurídico de nuestro país, levantar cualquier tipo de estructura residencial, independientemente de que se empleen técnicas ancestrales como el tapial (tierra compactada) o la paja, exige someterse de forma estricta a las directrices de la LOE (Ley de Ordenación de la Edificación) y, sobre todo, cumplir minuciosamente el CTE (Código Técnico de la Edificación). Para que una cabaña de bioconstrucción reciba la cédula de habitabilidad, es obligatorio contar con un proyecto técnico visado por un arquitecto colegiado, realizar ensayos del terreno y certificar que cada componente de desecho cumple con las directivas de seguridad estructural, habitabilidad y aislamiento térmico reguladas por la administración.
Esta rigurosa exigencia técnica encarece de forma muy severa las iniciativas que nacen con presupuestos reducidos. En la mayoría de las ocasiones, las fincas rústicas destinadas a la permacultura carecen legalmente de la condición de suelo urbano finalista, lo que impide obtener acometida de servicios esenciales como el suministro eléctrico o el agua corriente.
Aunque el regulador municipal tolera ocasionalmente casetas de aperos agrícolas temporales de escasa dimensión, la implantación de una vivienda de uso permanente sobre suelo no urbanizable suele desencadenar expedientes de restablecimiento de la legalidad por infracciones urbanísticas muy graves. Estos expedientes sancionadores administrativos conllevan aparejadas multas de cuantía elevada y, en última instancia, mandatos judiciales de demolición forzosa. No obstante, la disciplina urbanística española impone plazos de prescripción específicos (que suelen oscilar entre los 4 y los 6 años en suelo rústico común según la comunidad autónoma) que en ocasiones salvan de la demolición a estas construcciones consolidadas por el paso del tiempo, aunque queden condenadas a permanecer en una situación precaria fuera de ordenación técnica y sin acceso a licencias de primera ocupación.
Este complejo laberinto de licencias, materiales y límites contrasta de lleno con el resurgimiento de materiales biológicos como la madera o la paja que Xataka analiza de forma pormenorizada al plantear alternativas reales al uso adictivo del hormigón convencional. El clímax de la experiencia de Boris y Rosa demuestra que la desconexión del sistema es viable en términos de huerta y consumo directo, pero resulta estéril para eludir la densa fiscalización urbanística estatal que impera en la ordenación territorial de nuestro país.
Imágenes | Youtube (Arnau Serrado y Permacultura por la Tierra)
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