Para el mes de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revelado que el indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 1,5% en diciembre, un dato sorprendente pues supone ocho décimas más a la registrada en noviembre que se estableció en el 0,7%.

La causa subyacente de este incremento se refleja en la subida en los precios del gasoil y la gasolina, un hecho que contrasta con la bajada de los carburantes que se produjo en el año anterior.

Asimismo, si atendemos a la variación anual del indicador adelantado del IPCA se sitúa en diciembre en el 1,4%. Si este dato se confirma, la tasa anual del IPCA aumentaría nueve décimas frente al mes anterior.

Como veremos a continuación este incremento del indicador adelantado de precios puede ser una noticia positiva o negativa, dependiendo del agente económico que se pregunte. Si preguntamos al conjunto de las Administraciones Públicas es sin lugar a dudas un factor positivo, pero si preguntamos a otros agentes económicos como pensionistas, trabajadores, ahorradores e inversores, probablemente no coincidan con esa visión.

Grecia vuelve a las portadas y, como casi siempre, con noticias nada gratas. El problema es el de siempre, hay un silencio informativo y de repente vuelve a la actualidad con poco contexto previo. Lo de ayer es, desde luego, sorprendente: la policía disuelve con gases lacrimógenos una manifestación de jubilados.

Los jubilados se manifestaban contra la última reforma de las pensiones del gobierno de Syriza e intentaron tomar por la fuerza hacia la oficina del primer ministro, Alexis Tsipras. Aunque el líder ha ordenado la policía que no vuelva a utilizar métodos tan violentos para contener a los manifestantes, la imagen de Grecia, de nuevo, ha quedado dañada.

Nos enterábamos la pasada semana y nos quedamos boquiabiertos. Según el Tribunal de Cuentas, alrededor de 30.000 fallecidos seguían cobrando una pensión por parte del Estado en el año 2014. Este desembolso a todas luces erróneo se elevaría a 300 millones de euros anuales -a razón de 25 millones mensuales-, una cifra que, de ser cierta, bien debería sonrojar al Gobierno.

Este dictamen por parte de una institución del calibre del Tribunal de Cuentas debería provocar un terremoto en la Seguridad Social en un momento especialmente dedicado para el organismo, pues la hucha de las pensiones sigue desangrándose con más de 9.000 millones de euros extraídos en julio para hacer frente al pago del IRPF de los pensionistas, entre otras cuestiones.

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A la hora de cambiar las reglas de juego y los esquemas de pago en la sanidad pública o resto de beneficios que pueden obtener los pensionistas, siempre dejamos a un lado las rentas brutas que obtienen los titulares de una pensión o el importe elevado de las pensiones públicas. Pongámonos en casos extremos, como pueden ser “los Emilios Botín” de la sociedad. Personas jubiladas con rentas muy, muy altas, que pueden recibir una cuantiosa pensión pública y que han asegurado su retiro profesional con otras fuentes de rentas o incluso aquellos pensionistas que tienen una pensión muy superior a la inmensa mayoría de la población.

Tomando sólo como base el importe percibido por pensiones públicas, nos encontramos que en el mes de marzo, 445.200 pensionistas recibían más de 2.000 euros mensuales de pensión, un 5,5% del total de pensiones públicas contributivas. Para que nos hagamos una idea, estos pensionistas reciben desde 28.000 euros a 36.000 euros anuales (en función del prorrateo de paga extra o no). Ahora, cuando tenemos que las prestaciones máximas por desempleo no exceden los 1.400 euros y que el salario medio en España ronda los 22.500 euros ¿realmente queremos que este colectivo de pensionistas no pague nada por sus medicamentos?

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Dentro de los programas de protección pública de la Seguridad Social, el capítulo de pensiones es uno de los más costosos, superando en pagos anuales casi los 100.000 millones de euros. Actualmente, nos encontramos con casi 8,9 millones de pensionistas sumando todos los niveles de prestaciones por pensiones. Pero aunque nos parezcan muchos los beneficiarios de pensiones, debemos tener en cuenta que 2,6 millones de pensionistas reciben la pensión mínima posible dentro de cada régimen.

Eliminando las pensiones por incapacidad permanente, que sólo un 10,7% de pensionistas reciben la pensión minima, el resto de epígrafes de pensiones superan el 30% dentro de los perceptores de pensiones mínimas. Como vemos, la pensión mínima de jubilación es la más extendida y la que tiene un importe mínimo inferior a los 600 euros mensuales.