Una acampada para poder volver a vivir Vigo: "Cobro un sueldo normal, de unos 1.200 euros, y ni puedo plantearme vivir sola"

El coste medio de un alquiler en la ciudad ya alcanza los 731 euros y supera la mitad del salario mínimo

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Redacción El Blog Salmón

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En Vigo, el alquiler ya no es un gasto mensual: es una barrera arquitectónica. Paula Acosta tiene 32 años y un trabajo estable, pero se le ha acabado la ciudad. "Tengo 32 años y cobro un sueldo normal, de unos 1.200 euros al mes, y ni puedo plantearme la idea de vivir sola en Vigo", sentencia. Su historia es el síntoma de una patología que llevó a no pocas personas a montar más de una veintena de tiendas de campaña en la céntrica Alameda para exigir soluciones habitacionales. En concreto, el casero de Paula extinguió su contrato "con un plazo de un mes y sin ningún tipo de negociación ni posibilidad de negociar" para destinar el que era su hogar al lucrativo mercado vacacional, según recoge La Voz de Galicia.

Ru, una camarera viguesa de 19 años que también duerme en el campamento, lo resume con números redondos: "Me encantaría independizarme, pero a mi pareja y a mí se nos está haciendo muy complicado porque un piso de un dormitorio te cuesta 750 euros". Las cifras que arroja el mercado local son mareantes: el coste medio de un arrendamiento en Vigo ya alcanza los 731 euros, de acuerdo con los últimos datos del Observatorio da Vivenda de Galicia, correspondientes al segundo trimestre de 2026. Se trata del alquiler medio más elevado de Galicia. Es decir, un inquilino solitario destina aproximadamente el 60 % de su salario mínimo mensual solo a tener un techo. Ante esta asfixia, las portavoces de la acampada, como Candela o Petra, destacan la solidaridad de los vecinos, que acuden al lugar a donar víveres o colchones viscoelásticos.

La cruzada de los inquilinos apunta directamente a la inacción administrativa. Las plataformas locales llevan meses exigiendo que el Ayuntamiento declare a la ciudad como zona de mercado residencial tensionado para poder aplicar las limitaciones de precios previstas en la Ley de Vivienda. Pero el Gobierno local acumula más de dos años sin tramitar la solicitud formal ante la Xunta de Galicia. En la jerga inmobiliaria, activar esta declaración permitiría limitar las rentas de los nuevos contratos tomando como referencia el alquiler anterior, además de ofrecer a los propietarios bonificaciones de hasta el 90 % en el IRPF si cumplen determinados requisitos, entre ellos reducir la renta inicial más de un 5 % en los supuestos previstos por la normativa. Sin embargo, la hoja de ruta municipal choca de frente con las demandas de los manifestantes, que protestan en el mismo lugar que albergará la campaña de Navidad bajo el lema "menos luces y más vivienda". La brecha se agrava por la falta de vivienda pública: más de 10.000 demandantes de piso social en Vigo contrastan con las 4.000 viviendas protegidas que la Administración autonómica ha comprometido para toda Galicia.

Estar bajo una lona azul compartiendo precariedad "es un alivio" por la "cantidad de experiencias comunes" que comparten los afectados, reflexiona Lucía, otra de las acampadas. Ella es una rara avis en el campamento: puede permitirse vivir sola y tiene buena relación con su casero, pero advierte del peligro de que cualquier persona pueda quedarse sin vivienda cuando su edificio termina destinado a pisos turísticos. En una ciudad donde un apartamento de una habitación cuesta 750 euros, conseguir un empleo fijo y sumar nóminas ha dejado de ser pasaporte hacia la autonomía económica. Al final, el mercado expulsa a los residentes habituales mientras las instituciones se pasan la pelota competencial, esperando a que pase el temporal.

Imagen generada por IA | Grupo de jóvenes manifestándose

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