Uno de los problemas existentes de este gobierno es su falta de apego a las reformas necesarias para solucionar los problemas estructurales propios de la economía española. Lo cierto es que desde que España se ha ido adentrando en un panorama político dividido de España, con sucesivos gobiernos minoritarios y cuatro elecciones generales desde 2015, ha dificultado el avance de las reformas estructurales en los últimos años.
Pero, hasta la fecha, hemos visto un Gobierno de coalición del decreto, del gasto, de no cuadrar las cuentas... Poco debe importar si el BCE está detrás respaldando la deuda pública española y rebajando artificialmente su rentabilidad.
Con esta crisis, se ha llegado a un acuerdo con la Comisión Europea para que le correspondan 140.000 millones de euros durante los próximos seis años (más del 11% del PIB de nuestro país) de los que 72.700 millones de euros serán transferencias. El resto vendría en forma de deuda que puede o no solicitar el Gobierno.
Muchos pueden pensar que, a diferencia de la deuda, las transferencias son gratis, porque no nace una obligación. Pero, si bien no generaremos un pasivo que atender, estas transferencias sí están condicionadas a unas reformas que debe hacer el Gobierno para enfrentarse a los desafíos más estructurales de la economía.
Si bien hay una posición marcada en que España debe afrontar su déficit estructural, el foco de atención más inmediato es solucionar un alto desempleo estructural con una alta proporción de trabajadores con contratos a corto plazo y un alto déficit estructural en el sistema de Seguridad Social. Bruselas, indica qué reformas se deben emprender, pero es España quién decide cómo hay que abordar las soluciones.
La reforma del mercado laboral de 2012 se queda si no hay acuerdo social
En los últimos años habíamos visto una fuerte creación de empleo en el mercado laboral español, acompañada por la reforma laboral de 2012. No obstante, con la subida del SMI vimos una notoria ralentización de la caída del desempleo. A pesar de todo, España ha seguido registrando altos niveles de desempleo y una excesiva segmentación en el mercado laboral antes del coronavirus.
La fuerte crisis que estamos viviendo ha llevado consigo a un repunte intenso en los niveles de desempleo hasta alcanzar una tasa del 16,2%. y 3,7 millones de desempleados. Sin embargo, no es una visión completa del mercado laboral, ni se incluyen los que se encuentran en ERTE ni los beneficios por cese de actividad. Si tenemos en cuenta estas variables nos iríamos a los cinco millones de desempleados.
La Comisión Europea está marcando cuál es camino a seguir de nuestro mercado laboral. En este punto hay que destacar que según ha publicado El País, "el documento Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico, elaborado por el Ministerio de Economía y la Oficina Económica de La Moncloa, apela por la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales".
Por lo tanto, no volveremos a convenios supraempresariales que solo hacen que ofrecer rigidez al mercado laboral. Un punto positivo pero que abre fisuras entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo.
El Gobierno se ha comprometido a realizar una reforma laboral previo pacto del diálogo social. A día de hoy, el Presidente de Gobierno ni tan siquiera ha convocado a los agentes sociales para ver qué SMI establecerán en 2021 y, únicamente, hay un globos sonda para sobre la semana laboral de cuatro días. Por lo tanto, si no hay diálogo no los agentes sociales, no hay una propuesta laboral que presentar a Bruselas en sustitución de la reforma laboral de 2012.
España hoy tiene el paro juvenil más alto de la UE. Y desde Bruselas se nos dice que hay que apostar por la flexibilidad en las condiciones de trabajo. También debemos aumentar la proporción de estudiantes en ciencias y tecnologías digitales, hacer que la educación y la formación profesionales sean más atractivas y garantizar oportunidades flexibles de actualización y actualización de competencias para la creciente demanda de las habilidades técnicas necesarias para las transiciones ecológicas y digitales que acompañarán la recuperación.
El éxito de las medidas que puedan adoptarse con miras a lograr estos objetivos dependerá, en gran medida, de que se tome el tiempo necesario para construir un consenso social y político amplio y duradero en torno a las reformas.
Las pensiones vinculadas al IPC hacen que el sistema no sostenible
Desde el año 2011, el debate de las pensiones se han puesto encima de la mesa por el déficit existente en la Seguridad Social que acabó con la hucha de las pensiones y ahora, la Seguridad Social emite deuda que es financiada a través de los Presupuestos Generales del Estado. Dada la insostenibilidad del sistema actual, el envejecimiento de la población con una de las tasas de reemplazo más altas del mundo (70% sobre último salario) todo ese gasto proyectado hace que sea aun más importante sostenible nuestra Seguridad Social.
Si nos ponemos en antecedentes, la aprobación del presupuesto de 2018 implicó apartarse de dos elementos clave de la reforma de las pensiones de 2013. Estas consisten, en primer lugar, en una suspensión temporal del mecanismo de revalorización anual durante 2018 y 2019 y, en segundo lugar, un aplazamiento de 2019 a 2023 de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, un mecanismo por el cual el nivel inicial de la pensión se ajusta a la expectativa de los cambios de vida.
En cuanto a la primera, la Ley de Presupuestos de 2018 contenía una revalorización de las pensiones del 1,6% en 2018, en comparación con el 0,25% implícito en el Índice de Revalorización de Pensiones. Además, el Gobierno de Partido Popular acordó aumentar la pensión mínima en un 3% en 2018 y aumentar las pensiones de los tanto en 2018 como en 2019.
Siguiendo esta estela marcada, si por algo se ha caracterizado el Gobierno de Sánchez es por su afán de revalorizar las pensiones vía el IPC. Independiente de no tener Presupuestos, se ha manteniendo una política de indexación de las pensiones. Este año está siendo duro para las cuentas de la Seguridad Social y arrastra hasta septiembre un déficit del 1,89%.
Bruselas nos pide acabar con este déficit y arreglemos los desajustes estructurales de la Seguridad Social. Si la reforma laboral dependía de si se sacaba algo en claro del diálogo social, la reforma de las pensiones entra en el marco del Pacto de Toledo. Aquí sí tenemos avances, buscando acabar con el déficit de la Seguridad Social en 2023 y tratando de seguir con pensiones vinculadas al IPC.
Una de las claves sería acercar la edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida. Se buscará generar incentivos para que los trabajadores sigan activos para prolongar su vida laboral y sacar partidas de gasto de la Seguridad Social y ponerlas en los Presupuestos como las prestaciones por nacimiento, los incentivos a las contrataciones o los complementos de maternidad.