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Cada año, el Gobierno busca aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el siguiente ejercicio. Sin embargo, la convulsa situación política vivida el año pasado en Cataluña impidió que las fuerzas políticas alcanzaran un acuerdo sobre los Presupuestos, de tal manera que se produjo una prórroga automática.

Esta prórroga permanecerá en vigor hasta que finalmente veamos la aprobación de las cuentas públicas para el presente año que prometía medidas estrella como la bajada del IVA para el cine y una rebaja en el IRPF destinada a aquellos trabajadores que ganen menos de 14.000 euros al año dejen de pagar este impuesto.

Recordemos que el actual gobierno del PP se encuentra en minoría con 134 diputados y necesita apoyos para sacar adelante los presupuestos. Uno de estos apoyos clave es el PNV pero el año ya alertó que es el gobierno respondía "de manera exacerbada" al desafío independentista, habrían complicaciones para negociar los presupuestos.

Las universidades públicas de Andalucía estrenan este curso un curioso sistema de bonificación de precios: los que aprueben una asignatura no tienen que pagar otra en el curso siguiente. Lo que antes se reservaba para alunos que sacaran Matrícula de Honor ahora se extiende a los que logren un 5,0. ¿Cuál es la consecuencia? Que los alumnos que logren aprobar todas las asignatura a la primera solo tienen que pagar el primer curso universitario, el resto de cursos son gratuitos.

Este sistema se extiende también a los Máster, cuyos precios son sensiblemente superiores a los cursos de grado. Para evitar un "efecto llamada" la Junta de Andalucía exige el pago del primer curso completo, y por tanto si el alumno proviene de una universidad de fuera de dicha Comunidad Autónoma el beneficio sería muy escaso.

La medida en sí parece muy interesante ya que permite que los estudios universitarios sean más accesibles. De hecho las matriculaciones en los máster se han disparado un 30%. Pero lo cierto es que es una mala idea, aunque pueda parecer contra-intuitivo.

Hace ya un tiempo que el Ayuntamiento de Madrid y Hacienda discuten sobre el cumplimiento de la regla del gasto dentro de los presupuestos del ayuntamiento. La situación se ha empeorado hasta llegar al extremo que el ayuntamiento envío en el último momento su tercer 'Plan Económico Financiero' (PEF).

Después de revisarlos Hacienda ha decidido realizar un control semanal de las cuentas públicas del ayuntamiento. La razón de esta intervención por parte de Hacienda es que el último presupuesto presentado estaba mal elaborado. Hacienda dice que intenta con esta medida corregir el incumplimiento en el que está incurriendo.

Hacienda va a realizar un control semanal vía intervención, es decir, el ayuntamiento tiene la obligación de informar cada semana a la 'Secretaría General de Hacienda' de los pasos que realizan. Por tanto la secretaría ejercerá la tutela financiera de las cuentas municipales de la ciudad de Madrid.

Nos podemos preguntar: ¿Cuáles han sido las verdaderas causas para que Hacienda decidiera intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid?

El entorno europeo es especialmente peculiar dentro de los grandes bloques económicos del mundo, pues se apuesta claramente por un gran peso del sector público frente al sector privado.

Si examinamos los números, como porcentaje sobre el PIB, la Eurozona destinó en 2016 el 47,7% al gasto público, mientras que a nivel de la Unión Europea esta cifra desciende ligeramente hasta el 46,6%. En ambos casos tenemos que prácticamente la mitad de la producción de bienes y servicios de la economía europea está controlado por el Estado directamente.

En Europa, tenemos actualmente el estado más grande de todo el mundo, Francia, que acapara actualmente el 56,20% de toda la economía. En contraste, tenemos Irlanda que asume un estado que pondera el 28% de la economía, es decir en términos porcentuales, 28 puntos porcentuales menos que Francia.

El año 2014 fue el primer año de una leve recuperación del PIB y del empleo en nuestro país. Sin embargo, esta mejoría no se ha visto reflejada en los colectivos sociales más desfavorecidos, entre los cuales se encuentran las familias sin recursos.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, del año 2015, el número de perceptores de las rentas mínimas de inserción, o RMI, han aumentado un 28 por ciento hasta alcanzar a los 789.672 personas, incluyendo los titulares y las familias dependientes de estos titulares.

Nos podemos preguntar: ¿Cómo ha sido la evolución de los perceptores de la RMI durante la última década? ¿Ha aumentado el gasto en la RMI en la misma proporción que el aumento de perceptores? ¿En todas las comunidades autónomas se percibe la misma RMI?

Ayer el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de los 'Presupuestos del 2017' sólo con la aprobación de Ciudadanos. Estos presupuestos se han realizado por unas previsiones económicas bastante prudentes y con un crecimiento del PIB estimado del 2,5 por ciento.

También se ha contado que el paro estimado para España se va a situar en el 16,6 por ciento a finales de este año. Las cuentas públicas están diseñadas para realizar un nuevo ajuste para enfrentarse con los últimos coletazos de la crisis.

Las Administraciones público tienen que reducir su déficit en unos 14,250 millones de euros para cumplir las exigencias impuestas por Bruselas. Para hacerlo, el Gobierno del PP va a congelar el gasto público y va concentrar sus esfuerzos en un aumento de los ingresos fiscales del 7,9 por ciento. Gracias a la inflación se espera recaudar alrededor de 200.963 millones de euros.

Nos podemos preguntar: ¿Siguen siendo unos presupuestos restrictivos los presupuestos del 2017? ¿Cómo se prevé que van evolucionar los ingresos públicos en el 2017? ¿El techo de gasto se reduce o aumenta como comenta el Gobierno del PP y Ciudadanos?

Ayer la Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, aseguró en una entrevista en RNE que quería revisar el copago en medicamentos de los jubilados que ganaran entre 18.000 euros y 100.000 euros al año. Poco después el PSOE exigió explicaciones y se mostró contrario a esta reforma. Anoche la Ministra desmintió una subida del copago en su cuenta de Twitter.

El modelo de copago sanitario se modificó en 2012, ya que hasta esa fecha los pensionistas disponían de los medicamentos de forma gratuita. El modelo actual establece unos copagos según rentas. A los pensionistas que ganan menos de 18.000 euros al año les corresponde un copago del 10%, con un máximo mensual de 8 euros. A los que ganan entre 18.000 y 100.000 euros también les corresponde un copago del 10% pero con un tope de 18 euros al mes. Y los que ganan más de 100.000 euros tienen un copago del 60% con un máximo de 60 euros al mes.

Ayer Ciudadanos aseguró que, dentro de los pactos establecidos con el PP, el IVA cultural bajará para determinados artículos como espectáculos en directo. El sector cultural lleva mucho tiempo presionando para que el IVA baje desde la subida del 1 de septiembre de 2012, donde muchos de los conceptos culturales pasaron de tributar al 8% a tributar al 21% (es decir, cambió de la categoría reducida a la normal).

La idea detrás de estas medidas es que el IVA es muy regresivo, afecta más a las rentas bajas ya que es igual para todos. Y esta subida impidió el acceso a la cultura a las rentas más modestas, a la vez que castigó a un sector clave en la definición de un país como algo más allá de una zona geográfica. Sin embargo discrepo profundamente.

El gasto de incapacidad temporal al final de este año alcanzará los niveles más altos desde el año 2010, ya que llegará en torno de los 6.654 millones de euros.

No es la primera vez que Hacienda se queda corta con sus previsiones, ya que el pasado año tuvo que añadir 998 millones de euros al presupuesto para pagar todas las prestaciones, y este año parece que va a pasar lo mismo.

La duda que nos puede surgir: ¿Pero como ha evolucionado el gasto del Fondo de la Seguridad Social desde el inicio de las crisis en el 2008? Está claro que en estos últimos años la incidencia de la incapacidad temporal ha sido un gran protagonista de nuestra Seguridad Social.

En 2011 España reformó la Constitución, concretamente el artículo 135, para introducir una limitación en el déficit público. Este artículo se desarrolló en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada en 2012.

Uno de los aspectos fundamentales de esta ley es la regla de gasto, que concretamente dice así (art. 12):

La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.