Los compradores de vivienda para alquilar suelen calcular su rentabilidad a cinco años vista. Pero entre octubre y noviembre de 2026 el marco regulatorio cambió dos veces en apenas cinco semanas. Esta incertidumbre ha llevado a Javier Medina (31 años), inversor inmobiliario con 11 pisos, a paralizar parte de su cartera. Tres viviendas recién reformadas ya estaban en el mercado cuando se aprobaron las medidas. "Justo había tres que se habían terminado de reformar y los saqué al mercado. El martes se aprobó en el Consejo de Ministros, uno había reservado, otro reservó al día siguiente y no hice el contrato hasta pasados cuatro o cinco días a la espera de qué podía ocurrir", explicó en el programa 'La mesa' de Antena 3 (vía ABC TV). Medina asegura que muchos propietarios e inversores también han optado por retirar preventivamente sus viviendas del mercado.
El inversor critica la aprobación de dos reales decretos leyes el 6 de octubre, el mismo día en que se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones para el 29 de noviembre. "Entendía que en una democracia si una ley por mayoría se rechaza, pues no se puede volver a presentar de otra forma por la puerta de atrás, bajo mi punto de vista, lo mismo añadiendo, cambiando cuatro cosas para que no sea fraude de ley", explica. Medina justifica su cautela con sus números: "Yo tengo al mes más de 800 euros de gasto, aparte sin contar los impuestos que se tributan al Estado, unas cuotas de 2.000 euros de hipoteca". También necesita seguros para cubrir posibles impagos, porque, según afirma, "el Estado no se hace responsable". Sobre los contratos que vencen ahora, teme que puedan prolongarse mucho más de lo previsto. Por eso zanjó: "Yo mismo he retirado tres pisos del mercado del alquiler por esta inseguridad".
El 12 de noviembre la situación cambió. La Diputación Permanente del Congreso, que sigue funcionando cuando las Cortes están disueltas, votó por separado las dos normas. PP, Vox, Junts y PNV apoyaron la derogación del Real Decreto-ley 28/2026, que establecía renovaciones extraordinarias por periodos de cinco años y una indemnización de doce mensualidades al inquilino. La derogación llegó antes de su entrada en vigor, prevista para el 15 de noviembre. En cambio, el Gobierno consiguió convalidar el Real Decreto-ley 29/2026 por 35 votos a favor y 34 en contra. Su convalidación se publicó en el BOE el 13 de noviembre. En definitiva, cayó la amenaza de las renovaciones por nuevos periodos de cinco años, pero el grueso de la intervención sobre el alquiler sigue vigente.
En términos de contratos y bolsillo, la derogación del primer decreto devuelve el sistema habitual: las prórrogas obligatorias son anuales, hasta un máximo de tres años, conforme al artículo 10.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y las reglas de renovación de los contratos de alquiler. Sin embargo, el segundo decreto mantiene una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual vigentes al entrar en vigor la norma y cuyo vencimiento se produzca antes del 31 de diciembre de 2028. Para solicitarla, el inquilino debe haber estado al corriente de pago durante los ocho meses anteriores y cumplir el resto de requisitos legales.
También se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2030 la suspensión de determinados desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional. No es una paralización general y existen excepciones. Las actualizaciones anuales de renta también están limitadas hasta finales de 2027: si no hay acuerdo entre las partes, el incremento no podrá superar el 2 %. Como contrapartida, los pequeños propietarios pueden obtener reducciones en el IRPF de hasta el 100 % del rendimiento neto positivo del alquiler. Rebajar la renta más de un 5 % permite acceder a determinados incentivos fiscales para propietarios, aunque la reducción máxima depende también de factores como la localización del inmueble, la edad del inquilino y las características del contrato.
En definitiva, la derogación de las renovaciones por periodos de cinco años no elimina la extensión extraordinaria de dos años, que sigue vigente para los contratos que cumplan los requisitos. Esta situación puede generar incertidumbre y frenar la oferta. Aunque los contratos de cinco años que preocupan a Medina no tendrán renovaciones automáticas de otro lustro, los inquilinos pueden solicitar la prórroga excepcional de hasta 24 meses. También continúa la protección frente a determinados desahucios. Lo que no sabemos es cuántos pisos reformados han quedado bloqueados en España por esta retirada preventiva, ya que no hay datos oficiales que permitan cuantificarlo.
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