El pasado miércoles leía en Expansión (versión papel, también disponible en la versión digital para suscriptores) un artículo de opinión que me resultó francamente interesante. Lo firma Ramón Tremosa i Balcells, profesor de Teoría Económica de la Universitat de Barcelona, y se titula "Asimetría necesaria... y eficiente". El artículo se enmarca en la polémica sobre la financiación autonómica que, en España, siempre tiene un matiz político e ideológico muy importante y que, por lo tanto, tiñe de visceral la argumentación que, por otro lado, puede resultar atractiva como demuestra este mismo artículo.
La premisa inicial es una obviedad, que muchas veces pasa por alto: no es lo mismo Cataluña que otras regiones de España. Pero no por el hecho de ser Cataluña; se podría hacer esta afirmación diciendo que no es lo mismo Andalucía que otras regiones de España. Cada región tiene unas circunstancias orográficas distintas, una distribución poblacional distinta, un tejido productivo distinto... y por lo tanto, unas necesidades en materia de política económica distintas.
La pregunta que plantea el autor es: siendo los territorios distintos... ¿es adecuado que todos se rijan por una normativa común?. Se refiere en este caso al Impuesto de Sociedades, que es el impuesto que en España grava los beneficios empresariales y que es uno de los principales elementos de la política económica, ya que a través suyo se establecen incentivos para determinadas actividades y sectores. Pues bien, el artículo afirma que un Impuesto de Sociedades descentralizado permitiría a cada administración autonómica adaptarlo a las necesidades económicas de su territorio, estableciendo las medidas que más favoreciesen a las características de su tejido productivo. Habla de Cataluña, pero el argumento es igualmente aplicable a otras regiones.
Si miramos este asunto sin darle ningún matiz pro o anti nacionalista... la verdad es que tiene sentido, porque permitiría a todas las regiones españolas adaptar su normativa en un modelo de libre competencia fiscal entre ellas. Que se puede plantear dentro de un modelo de contribución a la solidaridad entre regiones, pero que daría herramientas a cada Administración para dinamizar su propia economía, en vez de verse constreñidas a una legislación común.
Lamentablemente, ese matiz del nacionalismo (a favor o en contra) no es fácil de obviar, y es el que impide en muchas ocasiones una discusión abierta sobre estas materias.