En España, muchos ciudadanos sienten que llegan peor a final de mes que hace quince años. Y esto ocurre cuando las cifras oficiales muestran que el salario medio ha aumentado y la renta per cápita es hoy superior a la de 2008.
Sin embargo, una parte importante de la población tiene la sensación —e incluso la certeza— de ser más pobre. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción? ¿Es culpa del porcentaje de impuestos? La realidad es que la respuesta es más compleja de lo que parece.
Más salario medio, sin poder adquisitivo
Según el Instituto Nacional de Estadística, el salario medio anual en 2023 fue de 28.049,94 euros (brutos), por encima de los 26.948,87 euros de 2022. En términos nominales, ganamos más que en 2008.
Pero ese dato tiene trampa: no incluye la inflación acumulada, ni las diferencias por sectores, territorios o tipo de contrato.
De hecho, más del 60 % de los trabajadores españoles cobra menos de 2.000 euros brutos al mes, y casi uno de cada cinco gana el salario mínimo o menos. Es decir, el salario medio no refleja lo que la mayoría de españoles ingresa. Por eso, aunque el dato oficial crece, el poder adquisitivo real no lo hace. Gran parte de la población sigue estancada e incluso ha retrocedido en ingresos netos: en gran medida, lastrados por el coste de vida.
Menor renta disponible
El dato clave está en la renta neta disponible, es decir, el dinero que queda tras impuestos y cotizaciones. Según datos recogidos por RTVE, los hogares españoles tienen hoy menos renta neta que en 2008.
Al mismo tiempo, la carga fiscal que soportan —especialmente a través del IRPF— ha crecido (y acusa una falta de progresividad que viene de lejos). El esfuerzo fiscal de los hogares ha pasado de un índice 100 en 2008 a uno de 114,4 en 2024.
La explicación se encuentra en la falta de una actualización de los tramos del IRPF al ritmo del IPC, lo que ha hecho que muchos contribuyentes pasen a pagar más aunque sus ingresos reales no hayan crecido (lo que podríamos denominar una forma de “progresividad inflacionaria”).
Más impuestos, para casi todos
A todo lo anterior, se suma un efecto fiscal desigual, puesto que aquellos que perciben rentas muy bajas han visto reducirse su presión impositiva gracias al aumento del SMI y del mínimo personal exento de IRPF.
Según datos recientes, cerca del 40 % de los declarantes se encuentra en los tramos exentos o con cuota reducida del IRPF, gracias a mínimos personales y reducciones fiscales vinculadas al SMI. El mayor peso de la recaudación ha recaído sobre las rentas medias, entre los 20.000 y 50.000 euros anuales, que no solo han perdido poder adquisitivo por la inflación, sino que han visto cómo su carga tributaria aumentaba de forma indirecta.
Además, los datos de recaudación fiscal refuerzan esta tendencia. Según Funcas, la presión fiscal total en España ha alcanzado en 2024 un récord del 30,9 % del PIB, en gran parte a causa del IRPF: el tipo medio del impuesto ha pasado del 12,7 % en 2019 al 14,4 % en 2024, con un peso creciente sobre las rentas medias.
El hecho de no haber actualizado los tramos y mínimos del IRPF con la inflación —lo que se conoce como progresividad en frío— se ha traducido en una recaudación extra de 16.800 millones de euros entre 2021 y 2024. Esta subida silenciosa de impuestos ha frenado el crecimiento real de la renta disponible para muchos hogares.
El salario medio ha crecido, pero la inflación acumulada desde 2008 ha sido superior. Los precios de la vivienda, la energía y los alimentos han subido muy por encima de los ingresos: en la práctica, ha erosionado la capacidad de compra de los hogares.
Mientras tanto, la renta per cápita —otro dato que se suele esgrimir para mostrar progreso— también se ha visto incrementada. No obstante, como advierte Antonio Ortiz, ese dato no refleja ni la distribución ni el acceso real a los recursos: puede aumentar aunque la mayoría se empobrezca, si el crecimiento se concentra en los tramos altos de renta.
Contrato social debilitado
Por último, otra clave está en el uso del gasto público. En los últimos años ha crecido el presupuesto destinado a pensiones, subsidios y dependencia —por razones demográficas evidentes—, mientras que los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, vivienda) han sufrido recortes o no han mejorado sustancialmente. Pagamos más impuestos, pero la percepción generalizada es que los servicios no mejoran.
Esto ha generado una sensación legítima de malestar y desconfianza: los ciudadanos ven que trabajan igual o más, pagan más impuestos y reciben menos a cambio. No se trata solo de un debate económico, sino de un contrato social que parece haberse debilitado.
Así, a pesar del crecimiento de algunos indicadores como la renta per cápita o el salario medio, la mayoría de los ciudadanos españoles no sienten ningún progreso de la economía para su bolsillo. La combinación de inflación, mayor esfuerzo fiscal para las clases medias y servicios públicos tensionados ha deteriorado la renta disponible de muchos hogares.
¿Los impuestos tienen parte de culpa? Sí. ¿Son el único motivo? No. También lo son las políticas fiscales no actualizadas, el estancamiento salarial, y una estructura de gasto público que no responde igual para todos. La desigualdad se ha hecho más visible, y con ella, la necesidad de repensar tanto el modelo fiscal como las prioridades del Estado.