Sergio Delgado
El gran apagón eléctrico que el pasado 28 de abril dejó sin suministro a millones de personas en la Península Ibérica ha abierto una disputa a tres bandas entre los tres grandes actores del sistema energético español: el Gobierno, Red Eléctrica y las compañías eléctricas.
Cada uno ha publicado su propio informe. Y lejos de aportar claridad, lo que ha surgido es un cruce de acusaciones que evidencia más un juego de culpas que una voluntad real de resolver las fallas estructurales que permitieron el incidente. Y de momento, otra vez, los ciudadanos con más dudas que certezas.
A medida que han salido a la luz los distintos informes y comparecencias, se ha hecho evidente que estamos inmersos en un blame game. Nadie asume una responsabilidad completa y todos se defienden señalando a los otros como los verdaderos culpables. En este escenario, la resolución de los problemas parece menos prioritaria que salir bien parado en el relato de los hechos.
El Gobierno apunta a Red Eléctrica
El Ministerio para la Transición Ecológica ha sido el primero en mover ficha. Su informe sobre el apagón del 28A concluye que el origen del incidente fue una reacción en cadena causada por una serie de sobretensiones mal gestionadas por Red Eléctrica.
Según el documento, el operador de la red actuó con una programación insuficiente y no corrigió a tiempo la baja capacidad de control de tensión que presentaba el sistema ese día.
Además, el Gobierno subraya que Red Eléctrica cometió el error de seguir ciertos protocolos que, en vez de estabilizar la red, la descompensaron aún más.Las decisiones técnicas de ese día, como reconectar líneas de 400 kV o reducir las exportaciones, contribuyeron a agravar la situación. En este relato, Red Eléctrica queda como el actor que no supo anticiparse ni responder adecuadamente a una red ya frágil.
El blame game se intensifica porque, si bien el Ejecutivo reparte culpas entre todos los agentes implicados, en sus declaraciones públicas ha sido especialmente crítico con la gestión de Red Eléctrica, a quien acusa de no haber sustituido un grupo térmico en el sur que estaba fuera de servicio desde el día anterior y que resultó ser clave en la caída del sistema.
Red Eléctrica se defiende y señala a las eléctricas
La respuesta de Red Eléctrica no se ha hecho esperar. En su propio informe, la empresa rechaza la idea de una planificación deficiente y redirige la culpa hacia las compañías eléctricas, a las que acusa de no cumplir con su obligación legal de regular la tensión. Según su análisis, si las plantas hubieran actuado correctamente, no se habría producido el colapso.
Desde Red Eléctrica argumentan que el plan operativo previsto para ese día era el adecuado, siempre y cuando los grupos de generación hubiesen actuado conforme a la normativa. A su juicio, fueron estas centrales las que fallaron al no absorber la energía reactiva necesaria para estabilizar la red, incumpliendo los compromisos técnicos por los que además reciben una retribución.
Red Eléctrica incluso ha acusado a las eléctricas de dificultar la investigación al no proporcionar datos técnicos completos o hacerlo con información de calidad insuficiente, lo que ha generado aún más tensión en un clima ya caldeado.
Las eléctricas niegan errores y denuncian opacidad
Por su parte, las grandes eléctricas —Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP— rechazan de forma tajante cualquier responsabilidad en el apagón. Argumentan que sus sistemas funcionaron tal como establece el reglamento eléctrico y que las desconexiones que se produjeron fueron automáticas y necesarias para proteger sus equipos ante una red que ya se encontraba en estado crítico.
No solo eso, sino que acusan tanto al Gobierno como a Red Eléctrica de falta de transparencia y de lanzar acusaciones públicas infundadas que solo entorpecen el análisis técnico. Según ellas, avisaron con antelación de los problemas de tensión que estaban detectando y que sus advertencias no fueron tomadas en serio.
El blame game al que nos referimos, alcanza aquí un punto álgido: las eléctricas no solo se defienden, sino que devuelven la pelota, acusando al operador de actuar como juez y parte. Cuestionan que el informe de Red Eléctrica ignore los eventos ocurridos antes de las 12:03 del 28 de abril, cuando ya había señales de inestabilidad. Para las compañías, se está intentando reescribir lo ocurrido con fines políticos y mediáticos.
Pero fue un fallo múltiple de gestión
Más allá de los informes y las declaraciones, lo que se desprende de esta crisis es que el apagón fue resultado de una cadena de errores en todos los niveles. Había capacidad para evitar el cero eléctrico, pero la gestión fue deficiente.
Las plantas generadoras no respondieron como debían, Red Eléctrica no se anticipó ni supo reaccionar, y el Gobierno, además de señalar, también carga con su parte de responsabilidad por no haber reforzado los mecanismos de supervisión y control técnico del sistema.
Un cruce de “yo no tengo la culpa”, que no solo impide esclarecer las causas con transparencia, sino que además diluye el foco sobre las medidas urgentes que deberían implementarse.
Y es que el apagón del 28A puso de manifiesto que el sistema eléctrico español tiene puntos débiles que no pueden seguir ignorándose. Si pudiera volver a pasar, ¿cómo evitarlo si las tres partes siguen culpándose unas a las otras?
El gran apagón tuvo consecuencias. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) calculó un impacto de 1.600 millones de euros, equivalente al 0,1% del PIB. Aunque otros análisis elevaron las cifras hasta los 4.500 millones. También murió gente. Pero nadie asume la culpa. Todos se la echan unos a otros.
Los expertos son claros; nadie asume de verdad el liderazgo en solucionar estos problemas, por lo que el próximo apagón podría no tardar en llegar.
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