El Gobierno ha dicho que va a dedicar 300 millones de euros para comprar suelo privado y construir viviendas de protección oficial. Parece una buena iniciativa que puede ayudar tanto a las inmobiliarias que puedan vender terrenos que ahora no les son útiles por la situación del sector, como a quien pueda acceder a una vivienda de protección oficial, que tienen un precio más asequible que las que se ofrecen en el mercado libre, en principio.
Si pensamos en la posible ayuda a las inmobiliarias en peligro vemos que esta cantidad es irrisoria comparada con la deuda de casi medio billón de euros que arrastran las constructoras. Por tanto, ¿cómo se decidirá a quién se compra? La licitación la hace SEPES y no queda claro si se va a hacer con todo el procedimiento habitual o con alguno de emergencia. En definitiva, no se ve claro el criterio de elección de terrenos.
Ahora vamos con los compradores. Como digo es una forma de acceder a una vivienda más barata. Pero si pensamos un poco, entre el tiempo para adquirir los terrenos y la construcción nos vamos a unos dos años hasta que se entre en la casa. En estos dos años, y debido al estallido inmobiliario, las constructoras van a tener miles de pisos construidos y sin vender. Por tanto estos pisos del mercado libre puede que hayan bajado tanto como para ser una opción interesante frente a la vivienda de protección oficial.
Otra pregunta que surge es si realmente es necesario comprar suelo privado. ¿No hay suelo público disponible? ¿No le sobra ningún terreno a ningún Ministerio? ¿Ni a ninguna empresa pública? Me parece que sí. Entonces, ¿porqué no lo usan y se ahorran esos millones? También hay quien piensa en la posibilidad de presentarse a la licitación a título particular, atendiendo al principio de igualdad para todos, y así dar salida a algún terreno de su propiedad.
Quizá la verdadera y única razón sea inyectar algo de confianza al consumidor e invertir la tendencia que muestra el último informe del Banco de España.
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