Hace pocos días que Podemos presentó su proposición de ley contra la especulación inmobiliaria, con una batería de medidas que, supuestamente, garantizan el derecho de la vivienda ante la grave emergencia habitacional de España. Lo que no sabe la formación morada es que este listado, lejos de abaratar los costes, acabaría subiéndolos más aún. Basta con analizar detalladamente cada una de ellas.
Las ocurrencias de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, demuestran que están muy alejados de la realidad social, pues parece que ahora es cuando se han dado cuenta que el precio de la vivienda ha subido de precio de España.
Una situación compleja, pues Podemos ha venido trabajando en el gobierno durante los últimos cinco años con una serie de políticas intervencionistas para el mercado inmobiliario.
Y es curioso, pues son precisamente Pedro Sánchez y sus socios quienes llevan cinco años gobernando con una serie de políticas intervencionistas que no han hecho más que, asfixiar la oferta de vivienda en las principales ciudades del país. Una contradicción en toda regla, pues quienes saturan el mercado son precisamente los que ahora se alzan como salvadores.
De consumarse el decálogo de medidas salvadoras de Belarra, se acabaría por dinamitar el calamitoso mercado inmobiliario de España. Por tanto, entre los propietarios cundiría el pánico y, por consiguiente, alzarían de manera descontrolada los precios del alquiler ante las elevadas restricciones. En resumen, una crítica a la actual Ley de Vivienda de Sánchez.
Según aseguran en Podemos, la situación de la vivienda en España se ha agravado como consecuencia de la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), actualmente rondando el 4,5%. Y es que la principal problemática que afecta a España, en este sentido, son los ‘fondos buitre’ y la proliferación de los alquileres turístico.
El modelo de Países Bajos como inspiración para Podemos
Una vez más, los de Belarra miran fuera de las fronteras españolas para encontrar la solución. Han aducido que la propuesta se inspira en una ley holandesa; ‘Ley de Protección de Compra y Alquiler Temporal’ (aprobada en 2022). Según afirman, con ella se han conseguido reducir las operaciones especulativas.
Sin ir más lejos, en febrero de 2023, el municipio de Ámsterdam impuso multas que rondan los 22.000 euros a seis propietarios por violar la prohibición de comprar viviendas con el fin de alquilarlas en los primeros cuatro años posteriores a la adquisición. De este modo, se quería combatir la crisis inmobiliaria de los Países Bajos y es el espejo en el que ahora se mira Podemos.
De trasladarse esa iniciativa al territorio español, supondría que cualquiera que compre una casa con un valor oficial de propiedad (WOZ) de hasta 533.000 euros, deberá vivir en ella los primeros cuatro años posteriores a la compra, acabando así con la especulación.
Prohibición de compra de viviendas que no son para residir
En base a esto, la primera medida propuesta por Podemos y que ha secundado la líder de SUMAR, Yolanda Díaz, es ésta. Aunque Belarra no ha dado más detalles al respecto, se deduce que consistiría en prohibir a los particulares comprar segundas residencias o adquirir pisos como inversión, es decir, para alquilar. Para ello es considerado como un gravísimo ataque a la libertad de mercado.
Moratoria inmediata a los pisos turísticos
Con esta idea, Belarra propone regular urgentemente el alquiler de temporada. Aunque parece ser que no han sido capaces de hacer autocrítica y que con esta supuesta moratoria los precios volverían a subir. Solo hay que ver cómo las últimas políticas de vivienda del PSOE y de Podemos han sido las que han provocado el desplazamiento de los pisos de alquiler a otros mercados alternativos, como el alquiler de temporada o la vivienda turística.
Obligaciones a los grandes propietarios
Podemos quiere obligar a los grandes tenedores a que pongan la mitad de sus viviendas al servicio de las Administraciones Públicas, fomentando así el alquiler social. Una medida populista de la formación morada que apoya la expropiación. En el caso de la Sareb (conocido como el 'banco malo'), este porcentaje aumentaría hasta el 75%.
Siempre han demostrado públicamente que sus enemigos son los grandes tenedores, que ahora resulta que para ellos son los propietarios de más de cinco casas y no de diez. ¿Realmente esta es la solución? Todo ello podría suponer un castigo excesivo a las grandes rentas y un apoyo a la práctica de la especulación de la vivienda fuera de los límites legales.
Ampliación a 10 años de la duración mínima de los contratos de alquiler
Lo define como la medida estrella y uno de los ejes legales. En el caso de que el propietario fuese una persona jurídica, reclaman contratos de alquiler de hasta 12 años. Además, fijan la imposición de un límite del 2% para las viviendas turísticas sobre la oferta residencial total.
Esta normativa iría en base al Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, que ofrece información sobre el coste del alquiler en cada zona residencia.
Fondo de compensación para familias
Belarra quiere que, las familias que han visto disparada su hipoteca variable durante el último año, puedan acogerse a un fondo de compensación.
Lo que no saben es que esta medida supondría un agravio comparativo ante el ciudadano que prefirió optar a un tipo fijo pagando más, cuando los tipos de interés estaban en mínimos pero ganaban seguridad. También se verían afectados los hipotecados que han cambiado sus contratos recientemente de variable a fijo. Dicho esto, se pone en entredicho quiénes les compensarían por el sobreprecio.
Congelar todos los alquileres
El objetivo de Belarra es paralizar, durante toda la legislatura el precio del alquiler y bajarlos un 15% en los municipios de más de 100.000 habitantes. Se trata de una intervención todavía más radical de los precios y de los contratos de arrendamiento, que podría derivar al mercado inmobiliario español a una crisis profunda.
Belarra exige a Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, que sea valiente y que aplique dichas medidas para separarse de inquilinos y de fondos buitres y aproximarse a la ciudadanía y sus respectivos intereses.
Hay que tener en cuenta que todas estas medidas, de consolidarse, acabarían generando el pánico entre los propietarios y las viviendas desaparecerían del mercado del alquiler, por lo que habría menos oferta y una subida desorbitada del índice de precios.
Las nuevas medidas de Podemos podrán derivar en un proceso acentuado de flipping. Una consecuencia que sería positiva al poner en valor viviendas rehabilitadas, pero que habría que controlar de cerca para evitar connotaciones negativas como la especulación inmobiliaria. No obstante, en cualquier caso, abonan impuestos como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).
Todo está en el aire y se desconoce si estas medidas serán finalmente implantadas por Moncloa, así como el efecto que tendría en el mercado de la vivienda.