El Gobierno ya ha aprobado otra de sus leyes estrella de la legislatura, amén de la convulsa reforma laboral que ha salido adelante con muchas trabas y suspense. La vivienda era otro de los objetivos del Gobierno de Sánchez, un mercado que ha sido el causante ya de varias crisis económicas y que podría causar otra si no se le controla. O eso piensa el Ejecutivo.
El gran objetivo es que los jóvenes puedan acceder sin tantos problemas a la vivienda, algo que ahora es muy complicado, sobre todo en las grandes capitales españolas. Además de proteger de desahucios a familias vulnerables. El problema es que todo pasa por la vía de control de precios, y esto puede ser un gran error.
A pesar de que la nueva normativa mejora muchos aspectos que ahora están dejados de la mano de Dios, pero los controles de precios pueden tener un efecto disuasorio y contraproductivo. Al igual que las posibles sanciones que contempla. Vamos a verlo.
Zonas tensionadas a juicio de las CCAA
La medida principal de esta Ley de Vivienda es que se le da a las Comunidades Autónomas la posibilidad de controlar los precios en las zonas tensionadas. Es decir, zonas con precios muy altos, pero ¿qué precios? Esto todavía no se sabe, pues tiene que redactarse un texto que tardará unos 18 meses, por lo que aún no se sabe cuánto podrán bajar los precios los gobiernos autonómicos.
El Gobierno da la potestad de declarar zona pensionada a las autonomías, bien. Pero, ¿bajo qué criterio? Según la ley, debe tener dos requisitos básicos: que el precio medio de las hipotecas o de los alquileres de la zona, más los gastos y suministros básicos superen el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares y que los precios de compra o alquiler hayan subido en subido en cinco años más de cinco puntos por encima del IPC autonómico.
Y, además, esto solo va a afectar a los grandes propietarios (que tengan personalidad jurídica -empresas- con más de 10 inmuebles en una zona o una casa de más de 1.500 metros cuadrados), por lo tanto, los pequeños caseros no se verían afectados por el control aunque se les congelaría la renta que perciben. Un control que, ojo, es opcional, las comunidades no tienen que aplicarlo si no quieren. Y el PP ya ha dicho que no.
Otra de las piezas clave de esta ley es la "penalización" a los propietarios de casas vacías. Los que tengan más de cuatro casas vacías durante dos años, se exponen a que les suban el IBI nada menos que un 150%.
Por lo tanto, parece que la ley apuesta por dos únicas bazas para facilitar el acceso a la vivienda: control y penalización. Sí, hay beneficios fiscales, pero estas serían las medidas estrella.
¿Va esto a mejorar el mercado?
Es evidente que los precios están imposibles en muchos lugares, Madrid y Barcelona a la cabeza, pero el control de precios es siempre un arma disuasoria que hará subir más aún los precios si se siente cerca un posible control. Además, va a hacer que muchas personas que tienen uno o dos pisos vacíos no los saquen al mercado.
En cuanto lo de penalizar vía IBI a quien no alquile sus viviendas es quizá una opción válida, pero deja en cuestión la libertad personal, ¿te puede imponer un Gobierno lo que debes hacer con tu casa?
Entre tanto control y penalización al Gobierno se le ha olvidado algo muy importante: no hay vivienda nueva disponible en las grandes ciudades. La pandemia ha traído un furor comprador que no se acompasa el de urbanización. Hay más demanda que oferta, lo que tensiona todavía más el mercado. ¿Por qué no interviene en esto? ¿Por qué no promueve la nueva construcción? Solo menciona que se reservará un 30% del suelo urbanizable a vivienda social. Algo que está muy bien, pero debe haber algo que urbanizar.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el control de precios va a depender de las autonomías, esta ley deja muchas dudas e incógnitas y solo algunas certezas: va a provocar un miedo en el sector (propietarios) a una futura regulación que hasta que no entre en vigor vamos a seguir viendo subidas de precios y más precariedad para acceder a una vivienda.