Europa ya cuenta con 100.000 muertos por el COVID-19, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, y con la lenta apertura de negocios en algunos países, se ha puesto encima de la mesa la necesidad urgente de fondos para los países más afectados como Italia y España nunca ha sido más evidente.
A principios del mes de abril conocimos que el Banco Central Europeo estimaba que las necesidades financieras para combatir el COVID-19 eran de 1,5 billones de euros. Este importe contempla desde las aportaciones extraordinarias a los respectivos sistemas sanitarios tensionados como a las necesidades derivadas de las dramáticas consecuencias económicas del confinamiento.
Hoy tenemos que los principales instrumentos del presupuesto de la UE, la Política Agrícola Común y los fondos estructurales de la UE, están dirigidos al desarrollo a largo plazo y, por lo tanto, su objetivo no es hacer frente a una situación de emergencia. De ahí nace la necesidad un Marco Financiero Plurianual para los próximos años.
Desde la Unión Europea se está valorando esa creación de un fondo, emulando a las medidas de Estados Unidos, con un presupuesto cuantioso. Pero no hay acuerdo, se desconoce tanto el volumen óptimo como el modo de empleo de los recursos. Los 27 líderes europeos han estado discutiendo sobre cuáles deben ser los próximos pasos para afrontar la pandemia después de los estrictos cierres y el bloqueo comercial ejecutado.
Lo único que se ha aprobado hasta la fecha es un paquete separado de 540.000 millones de euros, elaborado anteriormente por los ministros de finanzas de la Eurozona, para establecer redes de seguridad para trabajadores, empresarios y Estados miembros.
El presupuesto de la discordia
La idea que existe es la creación de un masivo paquete de ayuda similar al que creó Estados Unidos en 1948 que ayudó a Europa a reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial, un nuevo Plan Marshall para Europa, pero con una gran diferencia: esta vez los fondos no vendrán del extranjero, sino de países y economías europeas.
En las últimas reuniones mantenidas ha sido imposible el acuerdo entre los líderes europeos. Por ello, se le ha pasado el balón a la Comisión Europea (CE) que ha recibido la tarea de analizar las necesidades precisas para financiar la recuperación y presentar con carácter urgente una propuesta "proporcional al desafío" al que se enfrenta la UE y que debería aclarar cuál debe ser el vínculo entre el nuevo fondo para la recuperación y el presupuesto plurianual de la UE para 2021-2027.
Sobre el tamaño del presupuesto se están dando algunas referencias sin ser muy precisos. Desde la CE creen que se necesitarían entre 1 y 1,5 billones de euro. Esa última cifra, los 1,5 billones, son las apuestas del BCE y desde España.
También hay que hablar de la financiación. Hay varias propuestas pero la de mayor calado es que para garantizar que no aumente la deuda nacional: la Comisión, en nombre de la Unión, tomaría prestados los fondos en el mercado a plazos muy largos y con bajos tipos de interés, y debería estar respaldada por el presupuesto de la UE.
Al BCE lo señalaría, como prestamista de última instancia controlando los tipos a largo plazo. La Comisión será el emisor de los bonos y la UE tiene que ser responsable de devolverlo. En caso de que las garantías de los Estados miembros desempeñen un papel, la Comisión será considerada una "unidad institucional" por Eurostat y por lo tanto la deuda contraída no se contará como deuda pública.
Pero hay un evidente problema de confianza de base para ese acuerdo. Debido a que se ha producido un impacto desigual del virus en países con medios presupuestarios muy diferentes se ha erosionado la confianza, y Italia y España carecen notablemente de confianza en que los socios relativamente más ricos del norte de la UE, como Austria, los Países Bajos o Alemania -que han sufrido menos la enfermedad- estén dispuestos a adoptar medidas rápidas y radicales respaldadas por una verdadera potencia de fuego económica. Ese es el principal escollo para designar el importe.
Si hablamos de medidas ya realizadas, a parte del paquete de 540.000 millones mencionados (firmado no ejecutado), la Comisión Europea ha canalizado fondos regionales no asignados para dar soporte a los países que se enfrentan al virus y ha facilitado las transferencias entre programas, desbloqueando alrededor de 37.000 millones de euros. Ese importe, sustancialmente inferior a los importes que se está valorando para atajar la pandemia, ya ha sido objeto de críticas, porque los países que tenían fondos no utilizados no eran necesariamente los más afectados por la pandemia.
Transferencias o deuda: El debate
El debate no es solo cuál es el tamaño del presupuesto sino cómo se debe emplear para satisfacer las necesidades de los países que requieran la asistencia de recursos financieros.
Mientras que la opción preferida para los países receptores de los recursos son las transferencias, desde Alemania, Suecia, los Países Bajos y otros países de la Europa del norte desconfían de las transferencias financieras, prefieren los préstamos.
Si anteriormente se discutía sobre la posibilidad de emitir deuda conjuntamente para neutralizar los riesgos de los países periféricos, los llamados coronabonos, ahora, la división existente hoy la tenemos entre subvencionar a paises como España e Italia que sufrirán intensas crisis económicas o en forma de préstamos.
Ambas propuestas tienes sus ventajas y desventajas. Si se opta por la opción de transferencias, los países receptores podrían recibir asistencia sin que ello implicará una mayor deuda y sin que ello supusiera una tensión financiera en el mercado de deuda en un momento en el que el riesgo soberano se empieza a cuestionar por la subida de las rentabilidades de los bonos periféricos. Desde el punto de vista aquellos que aportarían, verían que esos recursos van a fondo perdido, sin aportar utilidad a sus ciudadanos, y con el riesgo político de desafección en Europa.
La opción de la deuda generaría un compromiso entre los miembros de la UE, sin embargo significaría que se incrementa el volumen de deuda de los países receptores, aún teniendo mejores condiciones financieras que en el mercado (menor carga del servicio de la deuda frente a la alternativa de emisiones soberanas), supone mayores riesgos por el mayor volumen de deuda contraída y un riesgo de desafección política en los países receptores si esa deuda viniera condicionada por posteriores ajustes.