Red Eléctrica es privada pero es un monopolio: su nacionalización y la de las distribuidoras tendría sentido aunque no por su impacto en la factura

Red Eléctrica es privada pero es un monopolio: su nacionalización y la de las distribuidoras tendría sentido aunque no por su impacto en la factura
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Últimamente se está hablando de nacionalizar las empresas eléctricas debido a la abultada factura de la luz que estamos soportando. En parte los precios están altos por la reforma de la misma, que entró en vigor el 1 de junio, y por los precios actuales del mercado mayorista (que principalmente tiene que ver con los derechos de emisiones). Sin embargo como hemos visto recientemente, nacionalizar la generación (la parte libre del sector) no tiene mucho sentido.

Sin embargo hay una parte del sector que es un monopolio y es privado y eso no tiene mucho sentido. Los motivos son históricos pero lo cierto es que los monopolios, en general, no tienen motivos para mejorar el servicio, ya que no hay competencia, y no hay incentivos a realizar inversiones necesarias en la red.

La historia de por qué tenemos monopolios privados

En el mercado eléctrico hay dos partes que son monopolios naturales: el transporte y la distribución. El transporte son las líneas de alta tensión que van desde las centrales eléctricas hasta las zonas donde se consume la electricidad. La distribución son las líneas de media y baja tensión que realizan la capilaridad necesaria para llegar a los hogares y empresas.

Las empresas distribuidoras pertenecen a grupos que también se dedican también a la generación y comercialización

El transporte está en manos de Red Eléctrica, que fue una empresa creada en 1985 con contribución de eléctricas públicas (Endesa y ENHER) y otras privadas (Iberduero, Hidroeléctrica Española, FECSA y Unión Fenosa, entre otras) debido a que hasta entonces no había un transporte centralizado.

Después de una salida a bolsa y reducción del capital público, el Estado sigue siendo el accionista de referencia, con un 20% del capital. Así, normalmente es el Estado quien nombra el director general y más o menos se puede decir que es una empresa pública, aunque necesitó de capital privado para lograr adquirir todos los activos necesarios para realizar el transporte en España. Cotiza en bolsa y por tanto necesita presentar beneficios para sus accionistas.

Por otro lado la red de distribución en España está en manos privadas. Son monopolios naturales divididos por zonas. Hay cinco distribuidoras principales en España: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo. Hay mapas que indican cómo se reparten geográficamente España.

Estas empresas distribuidoras históricamente eran también generadoras y comercializadoras, porque así creció el mercado eléctrico. Aunque la liberalización de 1997 fomentó la separación de la generación, distribución y comercialización lo cierto es que las empresas distribuidoras pertenecen a grupos que también se dedican a las otras tareas.

Infraestructuras públicas

Lo cierto es que tanto en la generación como en la comercialización puede haber competencia, pero en el transporte y la distribución no, ya que son monopolios naturales. Cualquier cliente eléctrico en España puede elegir la comercializadora y consumirá energía eléctrica de los generadores más competitivos en precio, pero obligatoriamente tendrá que pasar por la distribuidora de su zona y usará la infraestructura de Red Eléctrica.

Normalmente cuando hay una infraestructura que es un monopolio, esta suele ser pública. Si es privada tiene que estar fuertemente regulada ya que la tendencia natural, los incentivos de la empresa, es a elevar los precios.

Si miramos la otro tipo de monopolios históricos vemos que el modelo más adecuado es mantener la infraestructura en manos públicas y liberalizar las partes en las que puede haber competencia. Por ejemplo en el modelo ferroviario español se decidió separa la infraestructura (Adif) de la gestión de los trenes (Renfe) y ahora estamos en proceso de liberalización del servicio, pero la infraestructura sigue siendo pública.

Un caso más análogo al de la electricidad es el de las telecomunicaciones. Cuando se privatizó Telefónica se decidió dejar la infraestructura en manos privadas, al contrario que otros países como el Reino Unido (que partió la infraestructura y el servicio).

Lo que en principio fue una decisión discutible (ya que se le impuso una fuerte regulación a Telefónica que siempre generó fricciones con sus competidores y el acceso a su red) ha derivado en una situación interesante, ya que en la actualidad se han desplegado múltiples redes privadas: resulta que lo que en los 90 era un monopolio natural ahora ya no lo es. ¿Puede pasar con la electricidad? En principio no, ya que no hay nuevas tecnologías disruptivas de distribución y transporte como así ha sucedido en las telecomunicaciones.

Los costes regulados

La situación que tenemos es que tanto en transporte como la distribución tiene un impacto importante en la factura eléctrica. La CNMC estudia los costes y aplica unos cargos en la factura eléctrica para compensar este servicio.

Sin embargo este cálculo de costes siempre es polémico. En Red Eléctrica y las distribuidoras siempre existe el incentivo para inflar los costes y existirá una tensión constante con el regulador. El 20% de la factura eléctrica es para cubrir los costes de transporte y distribución.

El sentido de la nacionalización

En un mercado como el eléctrico no parece muy lógico que tengamos empresas privadas gestionando monopolios naturales y con unos ingresos fijados por un regulador. Es cierto que en el caso de Red Eléctrica el Estado es el accionista de referencia, pero podría haber una OPA y quedar en manos de otro accionista que tenga unas intenciones distintas (maximizar beneficios) afectando a la calidad del servicio.

Pero ese no es motivo suficiente para una nacionalización. ¿Cuál es, entonces? La transición energética. En el futuro la red va a cambiar mucho. De tener grandes generadores vamos a una situación donde va a haber muchos pequeños generadores (placas solares y vehículos eléctricos que de vez en cuando vierten a la red). Y las distribuidoras tienen intereses contrapuestos. Por un lado tienen que hacer lo que el regulador les diga, pero siendo además generadores no les interesa este nuevo esquema del mercado y pondrán trabas burocráticas para estos cambios (de hecho ya lo hacen).

La Fundación de Renovables ya habla abiertamente de una nacionalización de las redes para facilitar el escenario de una generación distribuida. También hablan de abaratar la factura, ese 20% que representa 7.000 millones de euros al año. Yo soy más escéptico en cuanto al abaratamiento de la factura, dudo mucho que las redes en manos 100% públicas se logren reducir los costes.

El coste de la oportunidad

Pero por supuesto cualquier movimiento en este sentido tiene que evaluarse en un contexto de dinero no infinito. Nacionalizar el transporte y la distribución tendría un coste que podría rondar los 70-80.000 millones de euros.

¿Podemos permitirnos pagar eso? La razón por la que las redes están en manos privadas es precisamente que en su día no se quería pagar los costes que implicaba la nacionalización y se optó por una red de transporte semi-pública y dejar la distribución en manos privadas.

Sinceramente, una nacionalización es complicada. En un mundo ideal estas dos redes deberían ser públicas, pero tengo dudas de si merece la pena. Puede que la transición energética sea más lenta con trabas burocráticas, pero España está en un momento en el que asumir dichos costes tendría un coste de oportunidad importante.

Es una pena que en los últimos 15 años y por una gestión nefasta del recibo eléctrico nos hayamos gastado más de 100.000 millones de euros entre el déficit de tarifa y un sistema prima de renovables nefasto. Este dinero hubiera sido mejor empleado en nacionalizar las redes y sin embargo estamos como estamos.

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