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Hace dos semanas la caída del Banco Popular sacudió todos los medios y mercados: un banco que había superado las pruebas de solvencia de la Autoridad Bancaria Europea hace menos de un año pero cuyas acciones llevaban meses cayendo en picado ante la sospecha de que la situación era más problemática de lo anunciado.

Al final, el Popular fue víctima de una profecía autocumplida: la espantada de los inversores alarmó a los clientes, que empezaron a retirar su dinero en masa. El banco se enfrentó a un pánico bancario en toda regla: agotó toda su liquidez, luego dilapidó todas las líneas de emergencia aportadas por el Banco Central Europeo y finalmente, el 6 de junio comunicaba que no tenía más efectivo para seguir cubriendo las masivas fugas de depósitos.

Se puso en marcha entonces el nuevo proceso de rescate bancario europeo surgido a raíz de la crisis: por primera vez en la historia, el Comité Único de Resolución usaba su autoridad para tomar control del Popular y salvaguardar los intereses de sus clientes (que no sus inversores). ¿Cómo funciona el nuevo mecanismo europeo de resolución bancaria estrenado por el Popular?

Tras el hundimiento del Banco Popular, el sexto banco español, se esconden muchos dramas debido a que los accionistas y bonitas de la entidad lo han perdido todo. De un día para otro, la valoración de acciones y otros instrumentos ha quedado reducida a cero.

En concreto, más de 300.000 accionistas del Banco Popular han sufrido las consecuencias de la mala gestión y del nuevo sistema de rescate bail-in que ha sido inaugurado con esta entidad española.

En los últimos días hemos visto incluso casos particulares estremecedores, como el de una mujer que entraba en su oficina del Banco Popular y empezaba a expresar su descontento contra la entidad "Hemos perdido un millón de euros, lo hemos perdido todo, y tú me dices que no pasa nada, que llamas a la policía!".

Los accionistas del Banco Popular han perdido todo su dinero. Si bien en el año 2007 la capitalización bursátil del banco era de 18.000 millones de euros, el martes pasado de 1.330 millones de euros, actualmente el Banco Popular no vale nada.

El proceso ha sido de lo más rápido... El Banco Central Europeo (BCE) decidió que el Banco Popular estaba en quiebra y no valía nada el 6 de junio 2017 y notificó al organismo Single Resolution Board (SRB), uno de los pilares clave de la Unión Bancaria.

Seguidamente, SRB y el FROB han decidido que la venta era de interés público, ya que protege a todos los depositantes del Banco Popular y asegura la estabilidad financiera. A partir de aquí, la mejor oferta que han encontrado era la del Santander.

La operación por las acciones e instrumentos de capital de Banco Popular se ha ejecutado por una cantidad simbólica de un euro. En consecuencia, las acciones, incluyendo la totalidad del negocio de Banco Popular y sus filiales, han sido traspasados al Grupo Santander a partir del 7 de junio de 2017.

Si nos remontamos a épocas pasadas, normalmente veíamos que era el dinero del contribuyente quién entraba en el capital de una entidad para rescatarla, mediante el sistema bail-out. No obstante, con la nueva normativa europea de rescates y la unión bancaria, quiénes deben hacer frente a los problemas de la entidad son los accionistas y bonitas (sector privado).

¿Quiénes perderán sus dineros y quiénes se salvan?

Los principales afectados por el deterioro del Banco Popular son los accionistas que han visto que a día de hoy sus acciones valen cero, tras una caída sostenida prolongada en los últimos diez años. Cabe recordar que una sesión antes del rescate, las acciones del Popular se situaban en 0,317 euros.

Otro de los grandes grupos afectados por el Popular, son los clientes con bonos y deuda subordinada, participaciones preferentes o bien instrumentos de deuda híbridos al pago de intereses depende directamente del capital o de los beneficios de la entidad.

Por último, y como analizaremos más adelante, otro gran perjudicado podría ser el mismo Santander, pues quizás debería indemnizar algunos accionistas minoritarios del Popular que acudan a los tribunales, por un maquillaje en los estados contables del banco en los últimos tiempos.

Todo ésto se ha hecho con un único objetivo y era salvar las cuentas y depósitos del Banco Popular independientemente si eran inferiores o superiores a 100.000 euros. Y paralelamente evitar que sean los contribuyentes, quiénes participarán indirectamente en una entidad quebrada.

Los accionistas del Popular y las reclamaciones

Los accionistas del Banco Popular tienen todo el derecho del mundo a exigir responsabilidades contra los dirigentes del Banco Popular, contra los supervisores, y quizá contra el Santander, el nuevo propietario del banco.

Por un lado, los accionistas del Popular no han recibido una información contable que se ajustara debidamente a la realidad de la entidad. En la última ampliación de capital del Banco Popular, hace alrededor de un año, se solicitó a los accionistas 2.500 millones de euros para cubrir el agujero que el mercado borró en pocos meses... Luego hemos visto que el agujero del balance era sustancialmente mayor.

Y no solo ésto, en un comunicado del 11 de mayo, es decir, menos de un mes de la compra del Santander, se comunicaba lo siguiente: "En relación con la noticia difundida hoy en un medio digital, Banco Popular desmiente categóricamente que hay encargado la venta urgente del banco y exista un riesgo de quiebra del banco".

Curiosamente, un mes después nos encontramos ante la situación de que el banco estaba quebrado y se lo han adjudicado al Santander por presentar la mejor oferta.

Otro de los temas preocupantes es que al cierre del trimestre, el patrimonio neto del banco ascendía a 10.777 millones de euros y el ratio del capital total se situaba en 11,91%, lo que quedaba por encima de las exigencias regulatorios, unos datos que como sabemos hoy no se ajustaban a la realidad del Popular.

Entre las curiosidades, deberíamos preguntarnos ¿Cómo es posible que el Banco Santander en 24 horas conozca la cantidad que necesita para ampliar capital para compensar las duras provisiones que debería enfrentarse al asumir el Banco Popular?

Teóricamente, la contabilidad es transparente para todos los accionistas y no puede existir información privilegiada. Los accionistas del Popular desconocían el pasado martes si las provisiones adicionales a efectuar eran de 2.000, 4.000 o bien 8.000 millones de euros.

Según el informe presentado del Santander sobre la integración del Popular, en lo referente a activos y morosos inmobiliarios las provisiones son de 7.200 millones de euros. Si a ello añadimos, la mora no inmobiliaria, las provisiones alcanzan los 7.900 millones de euros.

Tanta precisión en la ampliación de capital debería ser sospechosa, pues es difícil de creer que en 24 horas se pueda ejercer una valoración detallada de los deterioros experimentados en la cartera crediticia que obliguen a realizar provisiones por varios miles de millones de euros.

De hecho, existe una 'tabla de salvación' para que los accionistas que persigan ejercer sus reclamaciones correspondientes y es que ya existe jurisprudencia con el caso de Bankia, en el que vimos como los accionistas minoritarios pudieron recuperar su dinero tras la salida a bolsa de la entidad en 2011.

En este supuesto, debería ser el Banco Santander quién responda ante los accionistas minoritarios que han visto de un día para otro perder más de 1.000 millones de euros o incluso más si tenemos en cuenta la última ampliación de capital por 2.500 millones de euros.

El primer bail-in en Europa lo enfrenta el Santander

En todo este movimiento corporativo existe una buena noticia que cabe destacar y es que por primera vez, el dinero público no ha participado en el capital de esta operación, siendo las manos privadas las únicas responsables de enfrentarse a las pérdidas.

Actualmente, con la unión bancaria, la normativa tiene como objeto asegurar que sean, en primer lugar, los bancos y sus accionistas quienes financien las resoluciones y, si es necesario, también parcialmente los acreedores del banco.

Se ha indicado desde las autoridades europeas que la vía a seguir era la resolución tras determinar que el banco no era viable. Ésto ocurre cuando una entidad incumple de manera significativa o es razonablemente previsible que incumpla de manera significativa en un futuro próximo los requerimientos de solvencia u otros requisitos necesarios para mantenerse a flote.

Los instrumentos de resolución en el bail-in son: La venta del negocio de la entidad; La transmisión de activos o pasivos a una entidad puente; La transmisión de activos o pasivos a una sociedad de gestión de activos, y la recapitalización interna.

Como hemos visto, se ha optado por la resolución de Popular pues hubiera sido incapaz de llevar a cabo una ampliación de 7.000-8.000 millones de euros que compensara el deterioro de las activos del balance.

Ahí ha entrado en juego el Santander que ha presentado "la mejor oferta" en la subasta, comprar el banco por un euro y asumir una ampliación de capital de 7.000 millones de euros -con derechos de suscripción preferente para los accionistas existentes- cubriendo el capital y las provisiones requeridas.

Ahora los clientes del Popular pasarán a ser del Santander, la entidad resultante, que operará con la marca Santander, se convertirá en el banco líder en créditos y depósitos, con 17 millones de clientes, una cuota de mercado en crédito del 20% y una cuota del 25% en pymes.

Miedo y más miedo es lo que rodea al Banco Popular, pues el futuro de la entidad está en el aire, mientras que día tras día sus acciones se desploman en bolsa y crecen las inquietudes entre sus depositantes.

El banco está buscando una salida ante el deterioro de sus cuentas... Las opciones habituales serían una ampliación de capital, la venta de la entidad y la última solución pasaría por la resolución ordenada de la entidad.Por ahora, la opción de una ampliación de capital parece destacada por el pánico que rodea a la entidad lo que haría imposible recaudar fondos.

Por lo que tenemos dos opciones sobre la mesa... O venta o resolución. Unas opciones que el propio banco desmintió el pasado 11 de mayo mediante un comunicado en el que desmentía que se "haya encargado la venta urgente del Banco", "exista un riesgo de quiebra del Banco" y se "haya comunicado a otras entidades financieras la necesidad inminente de fondos ante una fuga masiva de depósitos."

Mientras tanto, el Banco Popular está capeando como puede la delicada situación en sus cuentas con su plan estratégico. Negociar la venta de activos no estratégicos, preparando el reforzamiento de su capital y recursos propios, y haciendo prospección de posibles combinaciones de negocios con otras entidades.

Sus delicadas cuentas...

El problema del Banco Popular lo encontramos en que sus estados financieros se deterioraron considerablemente el año 2016 al perder 3.500 millones de euros, una cifra superior a la ampliación de capital que se había ejecutado en junio del mismo año con un importe de 2.500 millones de euros.

Uno de sus problemas es la falta de ejecución de sus objetivos estratégicos realizados en el año pasado. El Banco Popular no logró ejecutar todo el proceso de desinversiones que tenía previsto y la tasa de morosidad se encuentra en un nivel muy alto alcanzando el 32%, incluso por encima del 30% del año anterior y en gran medida superior al la media del sistema bancario que se encuentra alrededor del 15%.

Si nos centramos en los resultados del primer trimestre de este año, los primeros bajo la presidencia de bajo la presidencia de Emilio Saracho, perdió 137 millones de euros, fruto de unas provisiones de 496 millones de euros correspondientes a los activos "tóxicos", ascienden a 37.000 millones de euros.

La ratio de morosidad se encuentra en el 14,91%, lo que supone 30 puntos básicos por encima de los niveles de 2016. El stock de provisiones de crédito ha aumentado un 44,3% respecto al mimo periodo de 2016, hasta los 10.317 millones de euros, por lo que la ratio de cobertura total aumenta hasta el 45,2% y la de morosos hasta el 51,4%.

Y si todo esto fuera poco, el Banco Popular anunció el pasado 3 de abril tras una revisión interna, se había identificado unos ajustes necesarios en sus estados, lo que se traducía en unas cuentas más debilitadas en el ejercicio 2016 que habían dañado aún más los niveles de capital del banco.

¿El problema central? No hay fondos para compensar tantas provisiones y por ello, está decidido a vender todo aquellos activos que no estén vinculados a su negocio principal.

El Banco Popular está buscando la manera más adecuada de reforzar sus niveles de liquidez causados por la retirada masiva de depósitos y una debilidad en su estructura crediticia. La alternativa para la entidad española ha sido vender activos a toda prisa.

Por un lado, el 17 de mayo el Popular comunicó la venta acelerada de un paquete de 13.411.809 acciones de la SOCIMI Merlin Properties que correspondía al 2,86% del capital. El importe de la operación ha ascendido a un total bruto de 143,8 millones de euros, siendo el precio de venta de 10,725 euros por acción.

La semana pasada se comunicó la venta de la totalidad de la participación restante de Popular en Targobank (un 48,98%) al Banque Federative du Credit Mutuel por un precio de 65 millones de euros, que no tendrá un especial impacto ni en sus resultados ni en sus niveles de capital.

Entre los próximos planes de desinversiones, se está ultimando la venta de Totalbank, que previsiblemente caerá en manos del grupo chileno BCI por un monto de 500 millones de dólares. Y además, se estaría progresando con el traspaso dela filial de tarjetas WiZink.

Y si esto fuera poco, hoy martes tienen previsto una reunión con el Banco Central Europeo para valorar las potenciales alternativas que tiene la entidad de cara al futuro. Una de las alternativa sería solicitar préstamos adicionales a la autoridad monetaria aunque también se estaría considerando que los funcionarios del BCE supervisaran las decisiones de la junta.

¿Alguien quiere proponer una oferta para hacerse con el Popular?

El Banco Popular está vendiendo todo lo que puede de manera acelerada para compensar las provisiones. Y ese es el gran problema, se desconocen las cantidades necesarias para hacer frente a todos los deterioros del balance, por lo que quizá el banco no tenga valor alguno.

Recordemos que hace un año el Banco Popular llevó a cabo una ampliación de capital por un importe de 2.500 millones de euros, que se unió al anuncio de provisiones de 4.700 millones.

Esa ampliación tenía un objetivo, compensar en gran parte las provisiones de la entidad. De hecho, tras la ampliación de capital, la capitalización del Banco Popular se elevó hasta los 7.000 millones de euros. Pero al finalizar el año, el mercado ya había borrado el importe de la ampliación de capital, en otras palabras, los accionistas perdieron el importe de la ampliación para que el banco siguiera adelante.

Por esa razón, los bancos están a la espera y no quieren poner encima de la mesa una oferta sobre el Popular... En principio las entidades más propicias a la compra del banco serían el Santander y la seminacionalizada Bankia pero dada la incertidumbre presente sobre el deterioro de sus activos existe una elevada cautela para proponer un precio.

Por ello, lo más razonable para los potenciales bancos que quieran adquirir el Popular es esperar para no encontrarse 'bajo la alfombra' nuevas provisiones, incluso pasando por la resolución ordenada de la entidad.

El hundimiento del Popular en bolsa

En la actualidad, el Banco Popular mantiene una capitalización bursátil de 1.400 millones de euros, lo que le sitúa como la séptima entidad española con mayor capitalización, solo por delante de Liberbank (1.000 millones de capitalización).

No obstante, si miramos hacia el pasado, el Banco Popular ha visto un verdadero desplome en el precio de las acciones lo que ha llevado el hundimiento de la capitalización bursátil. Si nos remontamos diez años atrás, la entidad llegó a alcanzar una capitalización superior a los 18.000 millones de euros, un momento en el punto álgido de la burbuja financiera-inmobiliaria, en el que el mercado valoraba favorablemente la exposición a ladrillo del Popular.

A partir de ese punto, hemos visto un hundimiento en el precio de sus acciones. En marzo de 2007 el precio de las acciones del Banco Popular alcanzó sus máximos históricos al situarse en 35,36 euros. Sin embargo en los últimos 10 años la cotización del banco hay ido cuesta abajo y sin frenos, cerrando el pasado viernes en 0,35 euros, una caída acumulada del 99%. En este año, los inversores están perdiendo el 63% por las inciertas expectativas en el banco.

Se suele decir aquello de que "a río revuelto, ganancia de pescadores", pues esa podría ser la posición de España ante el Brexit a partir de que el Reino Unido se acoja al artículo 50 del Tratado de Lisboa.

Durante el período, habrá una menor inversión en empresas nacionales e internacionales en el Reino Unido, una incertidumbre para tomar decisiones a largo plazo, y una necesidad por parte de algunos sectores (sobre todo el financiero) para promulgar planes de contingencia que podrían ver que como ciertas sedes se trasladaran desde Londres a Europa.

Y es que se ha especulado mucho sobre los riesgos que surgirán a partir de que el Reino Unido abandone la Unión Europea pero en todo análisis no sólo hay que evaluar los riesgos sino las oportunidades que puedan surgir en el nuevo de contexto.

Los peores temores han sido confirmados, la prueba de ello es que hoy viernes el Banco Popular ha anunciado una pérdida récord en el ejercicio de 2016 de 3.485 millones de euros que la han pagado en gran medida sus accionistas a través de la ampliación de capital.

Estas pérdidas derivan de dotaciones de provisiones por un importe de 5.692 millones de euros, un ajuste contable para sanear su balance. Estos ajustes se distribuyen en provisiones no recurrentes por crédito e inmuebles (4.200 millones), cláusulas suelo (229 millones), el ajuste del fondo de comercio de TargoBank (240 millones), el ajuste por el empleo (370 millones) y la reforma fiscal (47 millones).

Desde sus orígenes, el modelo de negocio fundamental de la banca ha sido prestar dinero con una tasa de interés superior a la pagada por los ahorros depositados. Así, a mayor margen de interés, mayor rentabilidad del banco en proporción a los ahorros depositados y créditos concedidos. El hecho de que los bancos presten a un interés mayor del que ellos pagan se justifica en el riesgo asumido tanto en plazos como en volúmenes (pensemos por ejemplo en una hipoteca: tanto la cantidad prestada como el plazo de devolución son mucho mayores que la gran mayoría de cuentas de ahorro, sin cantidad mínima y generalmente con disponibilidad inmediata para el depositante).

Sin embargo, en la actualidad este modelo de negocio apenas es rentable. Llevamos ya varios años con tipos de interés cercanos a cero (e incluso por debajo). Aunque los bancos siguen prestando a tasas mayores de las que ellos pagan por los depósitos, la diferencia lleva años reduciéndose, tal como indican los datos.

La respuesta obvia a este problema es que si los márgenes bajan, habrá que aumentar los volúmenes (es decir, dar más préstamos y captar más ahorros). Pero esto no es posible en el contexto de la actual crisis. Por un lado, el enfriamiento de la actividad económica implica menos demanda de crédito. Por otro lado, para evitar quiebras bancarias como la de Lehman Brothers u onerosos rescates públicos como el de Bankia, los bancos centrales están obligando a las entidades financieras a aumentar sustancialmente sus reservas de capital. Es decir, ahora los bancos tienen que mantener mucho más dinero 'aparcado' para hacer frente a posibles pérdidas, lo que también recorta sus posibilidades de ofrecer crédito.

En este contexto, ¿cómo consiguen los bancos mantener la rentabilidad? Aunque no hay 'magia', las entidades financieras sí han tenido que agudizar el ingenio para sobrevivir a la reducción de su principal fuente de ingresos.

Bruselas quiere atar más en corto a las entidades bancarias, por lo que ha propuesto una serie de regulaciones añadidas a las entidades bancarias. El objetivo principal de esta propuesta es poner fin al periodo vivido de los rescates bancarios a espaldas de los contribuyentes apoyar el crecimiento restaurar la confianza y alejar los potenciales riesgos en Europa.

La legislación propuesta está dirigida a la implementación de nuevos requisitos sobre capital bancario establecido por los organismos internacionales como el Comité de Basilea y el Consejo de Estabilidad Financiera. Estas propuestas, deben ser acordadas por los gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo, que podrían dilatarse más de un año.

Este programa propuesto viene nueve años después del inicio de la crisis económica mundial, en momentos en que los problemas de las entidades financieras europeas quedan muy lejos de ser resueltas, siendo Italia el foco de mayores preocupaciones por la elevada morosidad que arrastra su sistema bancario (360.000 ​​millones de euros en créditos morosos).

Draghi y el Banco Central Europeo no que nuevas sorpresas. De aquí la nueva metodología de solvencia 'Mecanismo Único de Supervisión' (MUS) que ha dado a conocer a los bancos de Europa.

Los reguladores han ajustado las exigencias de capital en dos niveles graduales de actuación, de manera que los resultados de los test de estrés no van a dar sorpresas., ya que la crisis del Deutsche Bank con sus emisiones de bonos contingentes convertibles y los problemas de la banca italiana deben marcar un nuevo marco de supervisión.

Atlante, el banco malo italiano, no ha empezado demasiado bien. La estrategia desarrollada por el Gobierno de Italiano para conseguir salvar a sus entidades bancarias no está dando los resultados que habían planificado. Esto está produciendo un hundimiento del sector bancario en la bolsa.

El principal problema se ha producido entre las expectativas creadas y el alcance real de las medidas aprobadas por el Gobierno de Italia. El anuncio para agilizar la recuperación de créditos que están impagados salió del Gobierno pero sin la aprobación de los inversores.

Dichas normas que ayudan a las entidades bancarias a recuperar los impagados no tendrán un efecto retroactivo. Es decir, se aplicarán en el futuro, pero no ayudarán a recuperar los 350.000 millones de créditos impagados que arrastra su sector bancario.