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El presidente Trump y sus ya celebérrimos tuits copan portadas de periódicos y telediarios un día sí y otro también. Sus intenciones políticas y legislativas son retratadas en breves briznas de 140 carácteres, a la vez que no duda en enfrentarse abiertamente a quien haga falta, entrando a veces incluso a contestar tuits en un tono cuasi-personal que poco tiene que ver con asuntos de estado.

En los últimos días, hemos asistido a una tuit-conversación que mezcla las intenciones políticas y legislativas del presidente Trump con el tono cuasi-personal al que ya nos tiene acostumbrados. En esta ocasión ha sido Amazon la empresa que ha estado en el ojo del huracán, y que ha sido el objetivo de las críticas de los tuits del magnate de la Casa Blanca.

Por su naturaleza de divisa, Bitcoin es un gran agujero fiscal, pero por lo que en el titular lo calificamos sin ambages como el agujero fiscal del siglo es porque, en caso de que no se regule de alguna manera, si acaba volviéndose mainstream como parece que va evolucionando, acabará siendo un agujero negro fiscal de proporciones descomunales: al igual que la luz que cae en la órbita gravitatoria de un agujero negro acaba por no poder salir de él y no la vemos, el dinero que cae en Bitcoin deja de ser fiscalizablemente visible para Hacienda. Por lo tanto, ya sabe, en el momento que su dinero traspasa el límite de este particular horizonte de sucesos, al menos en lo que a revalorización del propio Bitcoin se refiere, su dinero deja de tributar (por ahora).

Soy consciente de que llevo varios análisis alertando de ciertos riesgos relacionados con Bitcoin, y algunos de los más techies pueden estar pensando que tengo algo personal contra las crypto-divisas. Nada más lejos de la realidad. Un servidor se cuenta entre la comunidad techie más convencida, y soy un firme defensor del necesario y esencial papel catalizador de la tecnología en nuestro mundo del futuro. Pero también resulta obvio que Bitcoin nos ha adentrado en el terreno de lo desconocido para nuestras socioeconomías, y es por ello por lo que desde estas páginas debemos alertarles de que también conlleva (algunos) riesgos (potenciales). Una vez dicho esto, he de confesarles que las crypto-divisas me parecen un tema realmente apasionante, y que, de forma casi involuntaria (merced a Satoshi Nakamoto), estamos asistiendo a uno de los grandes experimentos económicos de todos los tiempos.

Algunos sectores ya dan por muerta una globalización que tiene muchas caras, y que todavía no se puede dar ni mucho menos por desmontada de cara al futuro. Aunque parezca tan sólo una tendencia económica de los últimos lustros, lo cierto es que esta polifacética globalización ha seguido un largo proceso iniciado hace décadas (si no siglos), y que ha desembocado en las últimas tendencias globalizadoras.

Pero el motivo por el que les decía que no se puede dar por muerta la globalización es porque, según analizaremos en el artículo de hoy, hay ciertos aspectos de la misma que son imparables. Estos aspectos, aún por venir, van a seguir trayendo profundos cambios a nuestras socioeconomías, y, aunque traten de resistirse, como dicen los anglosajones, "Resistance is futile", al menos en lo que se refiere a algunos puntos relacionados con un progreso tecnológico que nadie va a tener forma de frenar.

Hace unos pocos días os informamos puntualmente desde el Blog Salmón en este artículo sobre cómo la Agencia Tributaria española ha discontinuado el programa PADRE. Además de aportar ya entonces las claves de este importante movimiento en la política informática de la Hacienda española, hay una segunda reflexión importante a plantearse tras la lógica inquietud que levantó esta noticia entre muchos contribuyentes.

Si es usted uno de esos lectores a los que la lectura de la noticia anterior les trajo más incertidumbres que certezas, debería usted leer nuestro análisis de hoy sobre las implicaciones reales de este cambio, así como sobre qué es lo que verdaderamente nos lleva a ver más sombras que luces ante un avance en la tecnología que la Agencia pone en nuestras manos (o más bien teclas).

Tras la polvareda levantada por la histórica multa por importe de 13.000 millones de Euros impuesta por las autoridades europeas a Apple según pueden leer en esta noticia, Apple ha respondido a la resolución evidentemente desairada, mediante la publicación de una carta abierta en su web.

Tal y como acostumbramos en El Blog Salmón, sobre este tema ya les trajimos un análisis de la solución al sangrante trasvase fiscal en la Unión Europea en este artículo. Una vez que la solución que concluímos se ha visto refrendada por las autoridades europeas, hemos anailzado para ustedes en este otro artículo la predecible respuesta de Irlanda defendiendo su particular negocio nacional, que como ustedes saben se basa principamente en ser un tax haven asentado en territorio europeo. Ahora, tras la contestación de Apple, llega nuestro análisis de la misma.

El PP y Ciudadanos ratificaron el pasado fin de semana un acuerdo de investidura de 150 medidas con las que intentarán que Mariano Rajoy repita como presidente del gobierno. Aunque todas ellas bien dan para un arduo debate económico, ha habido una que ha desatado todo tipo de comentarios y posturas, tanto a favor como en contra.

Se trata de la llamada ‘medida estrella’ que ha salido de la negociación entre ambos partidos políticos: recuperar los 2.800 millones de euros que se “perdonó” a los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal que el gobierno aplicó en marzo de 2012 para intentar aflorar los bienes que determinados contribuyentes tenían en el extranjero.

Una de las variables macroeconómicas más controvertidas para la sociedad en general, y para economistas en particular, es el gasto público, y toda su estructura interna prevista en los presupuestos generales del Estado. Entre otras cosas, porque esta variable del PIB de un país se puede financiar teóricamente de tres formas: con impuestos, con la emisión de deuda y con la impresión de moneda.

En el momento que hablamos de gasto público e impuestos, implícitamente hablamos del sistema fiscal de un país, o economía. Es decir, ingresos públicos y gasto público, lo que conlleva la posibilidad de déficit o superávit de las cuentas del estado, así como su impacto negativo o positivo en la deuda acumulada, según se comporte el déficit.

Considerando España como país integrante de la zona euro, y consecuentemente involucrado en su política monetaria y fiscal conjunta, el gobierno de la unión europea controla de forma estricta dicho déficit para todos los estados miembros de la unión monetaria y no deja de ser el quebradero de cabeza de muchos gobiernos miembros, que ven en este control, el paso previo de potenciales subidas de impuestos, y recortes presupuestarios, con todo el impacto socio-político que esto implica.

En España, el porcentaje de gasto público sobre el PIB con respecto a los últimos datos del 2015, representa el 43.3% del PIB del país, dato por debajo de la media de países de la Unión Europea, y con una recaudación fiscal en torno al 38% del PIB en 2015, también por debajo de la UE. De ahí se deduce un déficit - 5.08% del PIB en 2015, así como un volumen de deuda acumulada en el segundo trimestre del 2016 de 1,1 millón de millones, o lo que es lo mismo 23 800 euros por habitante. Esto ya representa el 100.90% del PIB español, es decir debemos más dinero que lo que toda la economía española produce en un año. Las cifras no son buenas, para que mentir a nadie. Y cierto es que una subida de gasto público no es buena idea, teniendo en cuenta toda la deuda acumulada y en continuo crecimiento. De modo que la única manera de reducir dicho déficit y deuda, es buscar un modelo adecuado para ello. Pero, ¿existe el sistema fiscal perfecto? ¿y si realmente existe y es perfecto, por qué no se aplica en todos los países por igual?

Es de dominio público que los grandes de internet tejen complejos entramados fiscales para tributar en países de baja fiscalidad, en perjuicio de los países donde verdaderamente desarrollan su actividad comercial y/o de ventas minoristas. La legalidad de dichas novedosas formas de evadir impuestos, no las convierte ni mucho menos en actividades éticamente aceptables.

La dinamización de internet, así como el crecimiento exponencial que supone el progresivo trasvase de las actividades de la economía tradicional, o también conocidas como del brick-and-mortar, hace que las economías desarrolladas no puedan dilatar ni un año más el evidente “agujero” de las regulaciones fiscales. Este “agujero” permite injustamente que estas empresas se acojan a una forma de desarrollar la actividad empresarial que, con la generalización de la tecnificación de la práctica totalidad de los sectores de la economía, supondrá un insostenible socavón fiscal que no puede traer en el largo plazo nada más que una insostenibilidad económica de los países forzados a donar impuestos.

La pregunta del título de este artículo es de muy difícil respuesta, a pesar de lo concienzudo de los análisis a los que les tenemos acostumbrados en El Blog Salmón. No obstante, a pesar de la imposibilidad de darles una respuesta fehaciente sin tener acceso a ningún sumario de carácter reservado, sí que vamos a hacer con ustedes hoy un análisis de los distintos casos de blanqueo últimamente acontecidos. De esta forma podrán ustedes opinar con fundamento antes de que las pruebas documentales recogidas y el veredicto de los correspondientes jueces salgan a la luz.

Los casos recientes más llamativos referidos al tema que nos ocupa, y de los cuales vamos a realizar un breve repaso, son principalmente tres: el caso Pujol, el caso Granados y la tristemente famosa lista Falciani, y por último una última derivada más reciente de dicha lista: la investigación que la Guardia Civil está realizando al Banco Santander y que esta semana ha provocado un enorme revuelo mediático y social, y el cual abordaremos desde la presunción de inocencia a la que nos obliga el hecho de que no haya una sentencia sobre este último caso.

Hoy es el día de la liberación fiscal. ¿Qué significa esto? Pues que en media los españoles hoy dejamos de trabajar para financiar al Estado y empezamos a trabajar para financiarnos a nosotros mismos y nuestras familias. O eso es lo que nos quieren hacer creer quienes celebran con efusividad este día.

Según los cálculos de la Fundación para el avance de la Libertad, los españoles trabajamos 102 días al año para pagar la Seguridad Social, 37 a pagar el IRPF y 43 al resto de impuestos. Por tanto salen prácticamente seis meses al año en financiar al Estado. A la Fundación le parece mal y seguirá trabajando, dicen, para reducir los impuestos en España.